"Un dilema es un político tratando de salvar sus dos caras a la vez”. JA Lincoln.
La combinación de la crisis económica y los episodios de corrupción vividos en la última década condicionó y degradó la imagen de la clase política española, que para compensar ante la opinión pública entró en barrena con una sucesión de bajadas salariales en lo que se podría denominar el "y yo menos": competición colectiva surrealista a ver quién se bajaba el sueldo más, si uno en tres mil euros, el de enfrente lo hacía en cuatro mil y el de más allá en seis mil... El gesto puso ante el foco de la opinión pública el asunto de los sueldos con la torpeza de no medir que estas bajadas estaban degradando la imagen de la labor política, ya de por sí muy devaluada, porque, una vez abierto el debate, a los ciudadanos toda retribución de un político le parece mucho y puestos a que se lo bajen cualquier porcentaje de reducción es poco. Al final todo resultó un brindis al sol porque mientras el votante olvidó aquello en el segundo tres -un, dos, tres...- y sigue pensando que los gobernantes ganan demasiado, el político lo padece mes a mes y ahora, unos años más tarde, intenta recuperar lo perdido sin que le saquen los colores porque no hay nada más incómodo que levantar el dedo para aprobar subidas salariales, aumento de concejales liberados, asesores, portavoces, vice portavoces y, en definitiva, manteca colorá para darle grosor a las estructuras políticas.
Una vez constituidos los cabildos la Ley establece un plazo para que éstos se regulen a través de los denominados Plenos de Organización, donde, tras repartir las competencias del gobierno resultante, se establecen las retribuciones de todos, incluido miembros de la oposición y sus estructuras y es común en todos los ayuntamientos intentar que pase lo más desapercibido posible para los ciudadanos y esto se logra centrando el debate en el sueldo del alcalde y del resto de miembros de su gobierno. Pero la realidad es que en ese acuerdo también se decide el número de concejales liberados de cada grupo de la oposición y liberado quiere decir que se le asigna un sueldo; también se deciden los importes a cobrar por cada grupo y, por último, el sueldo de asesores y su número a asignar a cada grupo y asesores quiere decir personas contratadas a dedo, usualmente afiliadas a cada partido político y que de este modo logran un trabajo pagado por el ayuntamiento -o la Diputación, donde sucede tres cuartos de lo mismo pero con menos foco-. Todo ello a base de una negociación previa donde el gobierno puede proponer una subida salarial colectiva y la oposición reclamar un aumento de liberados y un incremento en el cuerpo de asesores que les permita dar sueldos a más gente para evitar, sobre todo, que el personal se espante porque la única manera de conseguir fidelidad política absoluta y compromiso es a través de que haya el mayor número de sueldos y contratos laborales, al menos a media jornada. De lo contrario, la fidelidad vuela y esto es así para todos por igual -es evidente que no todos están en la misma situación, unos gobiernan y otros no-.
El PROBLEMA viene cuando una vez pactado todo hay que votarlo y, por tanto, hacerse la foto con el dedo arribita. Es entonces cuando la oposición pretende solventar, a veces, la papeleta votando bien en contra, si la suma final lo permite, para mantener la verticalidad ideológica, bien absteniéndose y así, mirando para otro lado silbando la canción del verano, intentar que el foco del mal ilumine a quien gobierna porque las subidas de sueldo tienen más repercusión que la de los portavoces de cada partido de la oposición y, por supuesto, que el aumento del número de concejales liberados y de asesores. Un doble juego, dos caras, que aún se presenta más duro de digerir en aquellos partidos que consiguen votos gracias a discursos anti casta, igualitarios y populistas que les sitúa en la premisa de que lo importante es que nadie se entere de que han pedido su trozo del pastel de crema; en definitiva, disimular que su condición humana les empuja a querer tener un sueldo mejor y poder repartir a más de los suyos. Esa misma condición humana que te hace disfrutar de viajar con chófer en coche oficial, la misma que a cualquiera que es concejal y/o alcalde le lleva a querer tener una mejor condición económica.
Al regularse todo en acuerdos plenarios, el panorama político nacional es un absoluto caos: en Sevilla su alcalde se ha subido el sueldo un 33 por ciento -Espada se pone en 84.600-, pero a la oposición la sube un 43 para que calle, mientras que Málaga lo hace en un 20 -su alcalde se pone en 78.219- y Huelva el 14,5 -pasa a 70.000-; un Ministro gana 73.200, el presidente de la Junta Moreno Bonilla 66.230, su vice Juan Marín 65.184, el presidente Pedro Sánchez 82.978, Susana Díaz ganaba 63.808, mientras que Quim Torra gana casi el doble que el presidente Sánchez con 152.861; llamativo también es que Pablo Iglesias perciba 90.816, que junto a los 49.606 de su pareja Irene Montero les hace la nada despreciable cifra mensual de 11.700 -será por esto que el banco le dio el préstamo...-. Estas disparidades aún se hacen más incomprensibles si comparamos sueldos y número de habitantes; la alcaldesa de Barcelona, con 1.620.000 habitantes, 100.000 euros. Zaragoza, 666.880 habitantes, 75.750, sueldo inferior a los 76.597 del alcalde de Alcobendas -117.000 habitantes-, o a los 76.508 del de las Rozas con 95.500 habitantes. Si vamos a municipios de 200.000 habitantes, Móstoles, con 207.000 habitantes, su alcalde ha subido el sueldo un 17 por ciento para situarlo en 82.000 euros, mientras que Jerez, 212.000 habitantes, ha propuesto la congelación del sueldo de su alcaldesa de 63.147 euros y, curiosamente y sin otra razón que la que resulta evidente, la oposición ha votado en contra para quizás lograr un acuerdo más lucrativo.
Si entramos en el sueldo de los presidentes de diputaciones provinciales, más de lo mismo, con el plus de que suelen ser salarios mayores que los acordados en el ayuntamiento de mayor número de habitantes de la provincia cuando la Ley dice que "los presidentes de las diputaciones provinciales tendrán un límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencias que será igual a la retribución y el tramo correspondiente al alcalde o presidente de la corporación municipal más poblada de su provincia".
En este país hay un sinfín de situaciones que no están reguladas por Ley sencillamente porque no interesa, de hecho pasa a menudo en el ámbito sindical donde a pesar de que existen convenios nacionales en sectores como limpieza, agua o policía, la presión sindical local hace saltar por los aires esos convenios para conseguir condiciones, en muchos casos, escandalosas, inasumibles, vergonzantes. En la política pasa algo parecido; no tiene sentido que un concejal en Cuenca, que sigue pintando poco, gane distinto a otro en La Línea cuando la única diferencia entre ambas situaciones debería ser el número de ciudadanos a los que gobiernan y, por ello, es este parámetro el que debería limitar las condiciones económicas de sus regidores. Por tanto, no tiene ningún sentido que Torra gane 152 mil euros gobernando a 7.543.825 catalanes, según censo, y Bonilla 66 mil sobre 8.384.408 andaluces. Lo mismo sucede con ayuntamientos grandes, medianos y pequeños.
En nuestra legislación, la Ley de Bases de Régimen Local sólo determina para los alcaldes un tope salarial por distintos tramos de población, que va de los 42.452 euros para municipios entre 1.000 a 5.000 habitantes a los 105.130 euros de los municipios de más de 500.000 habitantes. En el tramo de los municipios medianos de 100.00 a 300.000 habitantes el tope máximo del alcalde es de 84.904 euros y, por debajo, en los municipios entre 75.000 a 150.000 habitantes sus alcaldes como mucho pueden ganar 79.598 euros. Una rápida reflexión de todo esto lleva a la conclusión de que la Ley debería fijar una retribución por habitante, un sueldo proporcional y equitativo y, sobre todo, exento de que su fijación esté sometida a negociaciones políticas. ES MÁS: sería extraordinario fijar un complemento de productividad tanto a los miembros del gobierno como de la oposición en función, por ejemplo, de la reducción anual de la deuda y, por contra, el mismo porcentaje de reducción salarial ante el incremento de la misma. Así todos trabajarían a una y por objetivos. ¿Por qué no?
Al igual que la retribución de los empleados públicos debería guardar relación directa con las responsabilidades y rendimiento del trabajo realizado y se evite así que por decreto un asesor, cargo de confianza, jefe de gabinete o prensa o lo que sea pase a ganar, por ejemplo, 60 mil euros al año cuando muchos alcaldes, elegidos en urnas, no llegan a esa cifra o la rozan, las retribuciones de los cargos públicos deberían guardar relación directa con el tamaño del municipio como indicador del volumen de trabajo, problemas, responsabilidades y presión ciudadana que recibe un gobierno municipal. Porque todo lo que sea dejar en manos de la negociación política, de los acuerdos de investidura o de gobierno el salario es aventurarse en el más allá.
El mundo ideal sería aquel en el que las retribuciones de la administración pública, todas, estuviesen reguladas al detalle, así como las estructuras políticas paralelas y todos sus costes. Siendo así, con luz y taquígrafos, sin acuerdos en la sombra, sin presiones fraudulentas del tipo de "te exijo esto pero lo propones tú que yo me abstendré para que así no huela el contenido de mi tránsito intestinal", lo justo, razonable y sensato sería que la administración pública, tanto en el ejercicio político como en el técnico y/o administrativo, pagase MEJOR que nadie para que los mejores profesionales de cada sector se fijasen el reto, el objetivo, el destino final, por cuestiones profesionales y -cómo no- económicas, de trabajar para ese servicio público que nos abastece a todos. Claro que en ese mundo ideal igual no cabrían los políticos. Ni los periodistas.
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