Andalucía ha recibido más de 100.000 millones de euros en los últimos 30 años y, pese a ello, sigue en el “vagón de cola” de Europa. En el actual marco comunitario (2014-2020) han llegado ayudas por valor de 8.015 millones de euros de los que hasta la fecha se han certificado el 19%, una situación que es todavía peor en la Consejería de Fomento: se han ejecutado 192 millones de 835 (el 23%, menos de uno de cada cuatro euros) y se ha certificado el 12%, hasta el punto de que las ayudas no invertidas todavía (735 millones) dejan en el aire 7.000 puestos de trabajo.
Esta es la denuncia que este martes hacía el Gobierno andaluz (PP-Cs), que cargaba contra la gestión anterior hasta el punto de afirmar que “el socialismo se fue dejando a Andalucía la última de la fila”. Las palabras las ponía el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que iba más allá al insistir en que “se malgastaron miles de millones de euros y una oportunidad de oro”.
Lo cierto es que ahora mismo se puede hablar en todo caso de baja ejecución, pero no de pérdida de fondos. De hecho, desde el propio Gobierno se admite que hay cuatro años de plazo, hasta el 31 de mayo de 2023, para invertir este dinero que llega de Europa.
Así lo apuntaba la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que apuesta por “cambiar absolutamente la gestión” para activar cuanto antes esos 735 millones que quedan por gastar y que, a su vez, permitirían la creación de unos 7.000 empleos con los proyectos que se pongan en marcha.
Reprogramación
Carazo, que puso como ejemplos de mala gestión los tranvías de la Bahía de Cádiz y Alcalá de Guadaíra, anunció como primera medida una reprogramación de 31 millones de euros, que se quitarán de proyectos estancados para destinarlos a conservar y mejorar carreteras y rehabilitar viviendas en barriadas desfavorecidas. Asimismo se contratará personal para agilizar todos los expedientes relacionados con fondos europeos.
También se impondrán mejoras en los procedimientos. Por lo pronto, no se programarán actuaciones si antes no se ha firmado un convenio con el ayuntamiento de turno, de lo contrario los servicios jurídicos alertan de que los proyectos pueden ser inviables. Para minimizar estos problemas, no se acometerán iniciativas que no sean competencia de la Junta, como pueden ser los carriles bici urbanos, que en todo caso se abordarán con fondos autonómicos y nunca europeos. Y por último también se acabará con los desfases en las verificaciones, para evitar que los programas estén condicionados a la financiación de otras administraciones.
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