Eliminar el calor no sale gratis, ni mucho menos, de hecho es más bien al contrario: hace falta una inversión estratosférica. Así lo ha puesto de manifiesto la Agencia Andaluza de la Energía, que en una primera estimación ha calculado que climatizar la mitad de los centros educativos andaluces tendría un coste superior a 1.250 millones de euros, al menos si se aplican tal cual las exigencias que marca la ley para la mejora de las condiciones térmicas de estos inmuebles, una iniciativa de Adelante Andalucía que tiene el visto bueno del Gobierno de la Junta y que en el arranque de su tramitación en el Parlamento sólo tuvo en contra el voto de Vox.
Esta iniciativa nace fruto de la evidencia de que la mayoría de los centros educativos no está climatizado, con lo que se pasa frío en invierno y, sobre todo, mucho calor en cuanto el termómetro empieza a subir. La ley establece que se hagan obras en estos inmuebles para que la temperatura oscile entre 17 y 27 grados y para que, de paso, tengan en 2025 la condición de edificios de consumo de energía casi nulo, lo que implica que deben tener el certificado energético A y que el 80% de la energía consumida sea de origen renovable de cero emisiones.
Esto es lo que dispone la propuesta de ley, unos objetivos que va a costar mucho trabajo conseguir porque el punto de partida es desolador. Al menos éste es el panorama que ha dibujado el director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Jorge Jiménez Luna, que ha transmitido a la comisión parlamentaria que tramita la ley un mensaje concluyente: “Cumplir lo que dice la ley vale mucho dinero, a parte de que en muchos edificios es imposible”.
El punto de partida es que en Andalucía hay más de 4.500 centros educativos con 5.580 edificios. En su climatización lleva años trabajando la Junta de Andalucía, que a través de la Agencia Andaluza de la Energía desarrolló una plataforma informática para que los centros desgranasen sus necesidades. Respondieron 2.825, y sobre ellos se ha hecho ese primer cálculo que eleva la factura a más de 1.250 millones de euros tirando por lo bajo, ya que las obras para que un edificio sea de clase A cuestan entre 400 y 1.000 euros el metro cuadrado.
“Que todos los centros sean de clase A no tiene precio, la inversión es altísima”, advierte Jiménez Luna, quien por lo pronto aboga por bajar el listón y dejar el requisito en clase B, con lo que, asegura, se cumplirían los objetivos de climatización. “Hay muchos centros que sería imposible hacerlos de clase A, habría que tirarlos porque hay que cambiar toda la envolvente del edificio, el aislamiento, las cubiertas...”.
“Los centros educativos son los únicos edificios públicos sin climatizar”. Esta realidad la pone de manifiesto María Teresa Pablo Torres, de la plataforma de madres y padres Escuelas de Calor, que con su grito en el cielo consiguió que se llegase a la propuesta de ley que ahora se tramita. “Las temperaturas en las aulas rebasan lo legalmente establecido”, apostilla. De la inmensidad del trabajo que hay que acometer da cuenta que entre 2017 y 2018 se acometieron 265 obras de climatización con un presupuesto de 14 millones de euros, un grano de arena en ese mar de, como mínimo, 1.250 millones de euros.
El responsable de la Agencia Andaluza de la Energía, por su parte, reconoce que “en muchos centros hay carencias importantes en cuanto a confort térmico y ambiental”. Y, a su juicio, con actuaciones bioclimáticas y con renovables como plantea la ley “no se van a conseguir los grados” que la propia normativa exige.
Más consumo eléctrico
“Llevar a cabo estas actuaciones va a suponer un mayor consumo energético”, avisa, que no podrá atenderse con renovables. Implica también “tener que adecuar las instalaciones de los centros y los cuadros eléctricos, que muchos son para verlos”, y la mayor demanda eléctrica obligará a contar con más potencia, lo que supondrá “una hipoteca importante para el presupuesto de los centros”. En definitiva, “una actuación que es necesaria” pero que supondrá un esfuerzo inversor mucho más grande de lo previsto.
