Desde hace seis meses PP, Cs y Vox viven en Andalucía en la misma casa, pero uno de ellos (Vox) se sentía desplazado porque otro (Cs) no le hablaba. Así fueron las cosas hasta que llegó el momento de sacar adelante el presupuesto de la Junta, una razón más que poderosa para terminar de romper el hielo y formalizar la relación, lo que hicieron este jueves en el Parlamento con un documento de 34 puntos en el que, por primera vez, aparecen juntos los logos de los tres partidos. En la práctica, fue como inscribirse en el registro de uniones de manera pública y notoria, para que a partir de ahora no haya confusiones.

En la foto final salieron tres representantes de Vox junto a dos consejeros, uno del PP (el de Hacienda, Juan Bravo) y otro puesto por Cs, aunque no es militante (el de Economía, Rogelio Velasco). Todos rubricaron el que es el primer documento oficial en España en el que aparecen juntos los logos de los tres partidos, y bien visibles por cierto.

La imagen es uno de los costes que ha tenido que asumir el Gobierno PP-Cs, junto a la impopularidad de algunas de las medidas porque a Vox se le compran de manera oficial temas que le son muy queridos, como el discurso en materia de “violencia intrafamiliar” (que contrapone al de violencia de género). También se enfila a la inmigración ilegal (con recorte de ayudas incluido) y a la memoria histórica, terreno en el que “no se subvencionarán asociaciones que buscan esta actividad como excusa y parapeto para seguir lanzando mensajes de contenido ideológico que no tienen que ver con la búsqueda de familiares”, detallaba Alejandro Hernández, portavoz parlamentario de Vox.

El pacto está trufado de temas que son una obsesión para el partido verde, pero a la hora de la verdad el impacto económico en las cuentas de 2019 es ínfimo, de 2,1 millones de euros sobre un total de 36.945 millones. Y además, el Gobierno recibe un enorme espaldarazo ya que se garantiza las cuentas de 2019, 2020 y casi más allá, porque el tono que transmitió Vox es que estamos ante una relación de largo recorrido “que apuesta por la estabilidad y la continuidad”.

O sea, que los días de agonía con la amenaza de tumbar las cuentas bien han merecido la pena. De unas jornadas en las que el Ejecutivo andaluz mostró una gran debilidad se ha pasado a un reforzamiento de sus cimientos con el hormigón de la estabilidad política.

Así que no es de extrañar que el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), lo primero que hizo este jueves en el Parlamento fue agradecer el apoyo de Vox. “Están banalizando el mal por el cortoplacismo de su acción de gobierno”, le afeó el portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, que le recordó que su “socio preferente” representa “una línea de pensamiento entre reaccionario y autoritario, cuidado porque eso llevó al exilio a miles de liberales, pero de los buenos”.

“Sentarse con todos”

Hasta el vicepresidente, Juan Marín (Cs), para quien la relación con Vox era cosa siempre del PP, defendía el acuerdo alegando que “hay que sentarse con todos” para así “buscar el interés general de los ciudadanos”.

La líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, no compraba ni de lejos estos argumentos. “La farsa ha terminado, Cs y Rivera se han rendido a Vox”, subrayaba, al tiempo que insistía en la debilidad de un Gobierno que, por su parte, estaba como quien oye llover porque ya tiene en el bote las cuentas para 2019 y 2020. Y eso, en política, es muchísimo.

Recortes en inmigración

Una de las frases más repetidas al defender las bondades del pacto entre PP, Cs y Vox es que no se le quitan derechos a nadie, que son medidas que podría suscribir cualquiera. Pero en la redacción final del documento se incluye que se le quitan 600.000 euros a las asociaciones que trabajan con personas inmigrantes para así mejorar infraestructuras judiciales, algo que se justifica alegando que no es un recorte porque aún así la partida queda con 200.000 euros más de los que se consignaron en las cuentas del año pasado.

La carta de presentación no es la mejor, sobre todo si también en otro punto se pone el foco en ayudar a las fuerzas de seguridad con la inmigración irregular, una materia en la que las competencias son estatales y la Junta ya juega el papel que le corresponde.

Otra batalla que gana Vox es la del teléfono de atención “a las víctimas de la violencia intrafamiliar”, terminología que ha levantado a las asociaciones de violencia de género al entender que se intenta diluir este gravísimo problema. Por Vox hablaba Alejandro Hernández, que insistía en que “la violencia no tiene género” y que el nuevo servicio atenderá supuestos que ahora no se cubren, como “los hijos de una madre alcohólica o la madre que es extorsionada por sus hijos drogadictos”.

“Viene a mejorar”

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, salió al quite insistiendo en que “viene a mejorar lo que ahora tenemos”. El nuevo teléfono atenderá también a mujeres de violencia de género, aunque se mantiene el que ya existe para estos casos (el 016, que es estatal). Ante la pregunta de si eso no es duplicar lo que ya se hace, Bravo respondió que todavía no tienen decidido administrativamente cómo se va a hacer.

Al margen de circunscribir las ayudas en memoria histórica a la localización de fosas y al banco de ADN, el acento en los 34 puntos del acuerdo se pone muy especialmente en los entes instrumentales de la Junta, una “administración paralela” que Vox quiere reducir a su mínima expresión. Por lo pronto se harán auditorías externas, para 2020 se reservan 15 millones para liquidar sociedades y se “pondrá a trabajar” a 2.000 empleados públicos que ahora no están a pleno rendimiento porque no tienen bien delimitadas sus funciones.