Tras un largo proceso de negociación y teniendo como base el Acuerdo Andaluz por el Agua firmado el pasado mes de febrero, el nuevo proyecto de Ley se presenta tras incorporar el 80% de las más de 1.300 alegaciones y aportaciones de los agentes sociales y económicos, y las recomendaciones tanto del Consejo Consultivo, que respaldó su constitucionalidad, como del Consejo Económico y Social.
La consejera destacó que el proyecto de Ley mantiene la unidad de cuenta que exige la Directiva Marco de la UE, al igual que el obligatorio plan de infraestructuras para saneamiento y depuración que se redactará en dos meses y que, aseguró, no supondrá ningún coste adicional para el usuario.
Sí incidió en que régimen económico se basa en la generalidad y la equidad, de forma que se tienda a homogeneizar los precios independientemente del territorio y con el objetivo de recuperar los costes, es decir, que la recaudación y el régimen sancionador tendrá carácter finalista y se reinvertirán en los proyectos previstos en el plan de infraestructuras y en la protección y regeneración de las masas de agua.
Castillo apuntó que el régimen tarifario se determinará en el desarrollo reglamentario posterior a la aprobación de la Ley, aunque se contempla que haya colectivos exentos, como pensionistas o con rentas muy bajas.
La consejera señaló que la Ley presta una especial atención a asignar los usos del agua conforme a las prioridades de reactivación económica, creación de empleo y cohesión territorial, destacando entre las novedades la creación de bancos públicos de agua, que permitirán adquirir el recurso en zonas excedentarias para emplearlos en otros usos, facilitando así una distribución más ajustada a las necesidades de cada zona.
A través de ellos, la administración podrá realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso para mejorar el estado ecológico, constituir reservas para los fines previstos en la planificación hidrológica y ceder recursos a las entidades supramunicipales o a otros usuarios.
Dentro del nuevo marco de asignación de usos, la futura ley flexibilizará el régimen de las concesiones de agua, que actualmente no permite la entrada a nuevos usos incluso en el caso de que éstos ofrezcan mayor rentabilidad social y económica que los ya autorizados.
El plazo máximo se reducirá de 75 a 20 años, salvo si la inversión necesaria requiere un periodo de amortización más largo.
En los regadíos, las concesiones se revisarán tras los proyectos de modernización que se lleven a cabo, con el fin de ajustarlas a las necesidades del riego eficiente y poder así liberar recursos.
Respecto a la regulación del ciclo integral del agua, el nuevo texto reconoce el mantenimiento de las competencias de las entidades locales sobre abastecimiento y depuración, aunque establece que la administración autonómica podrá intervenir subsidiariamente en determinados casos.
Además, se dispone la constitución del Observatorio Público del Agua, órgano de consulta y participación social que, entre otras funciones, se encargará de fijar estándares de calidad sobre el servicio que se presta a los usuarios para poder así establecer las tarifas con criterios claros y transparentes.
El PP critica el "intervencionismo" y afán "recaudatorio" de la Ley
Por su parte, la portavoz del PP andaluz de Medio Ambiente, Carolina González Vigo, ha criticado el "intervencionismo" de las competencias municipales y el afán "recaudatorio" de la Ley de Aguas.
La nueva ley supone un aumento del 40 por ciento en la factura del agua de cada ciudadano y la creación de cuatro nuevos cánones, según ha asegurado en rueda de prensa la diputada del PP.
Carolina González ha subrayado que la Ley de Aguas establece un canon fijo de un euro por ciudadano y mes, "consuma o no, viva en una mansión o en una VPO o aunque esté en el paro".
La diputada autonómica ha advertido de que "no se puede exprimir más a los ciudadanos" con nuevos impuestos y ha reprochado a los dirigentes del PSOE que han "perdido el juicio" con esta nueva ley.
Con esta ley se "quiere recaudar más sólo para crecer más en la burocracia en torno al agua", ha afirmado la diputada del PP tras indicar que ya existen organismos que se dedican a la gestión del agua como la Consejería de Medio Ambiente, la Agencia Andaluza del Agua o Egmasa, en los que hay casi 10.000 empleados.
A pesar de ello, la ley crea el Observatorio Público del Agua, ha indicado la diputada del PP, que ha cifrado en 663 millones de euros los que la Agencia Andaluza del Agua ha dejado de invertir desde que se creó en 2005.
"La Ley es intervencionista porque asume competencias municipales", ha concluido la portavoz de Medio Ambiente del PP-A, quien ha dicho que ante este hecho espera la respuesta del presidente de la Federación Andaluz de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, el alcalde socialista de Dos Hermanas (Sevilla).
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