Los empleados adscritos a las unidades de valoración de violencia de género que trabajan para la Junta tendrán que estar colegiados. El anuncio lo hacía el vicepresidente andaluz, Juan Marín (Cs), en lo que algunos interpretan como un triunfo de las tesis de Vox, que desde que entró en el Parlamento hace un estrechísimo marcaje a todo lo relacionado con esta delicada cuestión.
¿Supone esto realmente un triunfo de Vox? En parte sí, porque la colegiación obligatoria ha sido un pilar de sus reivindicaciones, pero lo cierto es que la Junta está obligada a proceder así porque lo exige una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que ocurre es que, hasta que llegó Vox, nadie se había preocupado de la cuestión y se mantenía la situación.
El propio Marín reconocía este jueves en comisión parlamentaria que no comparte que “estar colegiado dé más capacidad o menos para desarrollar el trabajo”, pero que “hay que acatar y cumplir”. De hecho, desde que se dieron indicaciones en este sentido los profesionales han dado el paso de colegiarse, hasta el punto de que ahora en los equipos externos de psicólogos y trabajadores psicosociales sólo el 12,5% no está colegiado, cifra que se reduce al 11,11% en el caso de los médicos forenses.
La colegiación de los trabajadores “en los casos que exija la normativa” será un requisito que se incluya en los nuevos contratos que salgan a licitación pública a partir de ahora, que se guiarán por un nuevo protocolo que está ultimando la Consejería de Justicia. Este documento estandarizará los informes que elaboran los equipos psicosociales, homogeneizará los precios que se aplican (que pueden variar hasta en 100 euros en función de la provincia) y obligará a las empresas a contratar a estos empleados y no tenerlos como autónomos.
Vox quiere ver los peritajes
La parlamentaria de Vox Ángela Mulas no escondió su satisfacción por el requisito obligatorio de colegiación, una medida que “nos alegra sobremanera” porque “refuerza la profesionalidad y garantía” de los dictámenes que hagan los equipos evaluadores. Unos dictámenes, por cierto, que pidió que puedan consultarse “salvando las exigencias de privacidad y confidencialidad”, para lo que planteó que la administración de justicia cuente con bases de datos accesibles que contengan estas pruebas.
“El informe pericial debe tener replicabilidad científica, y para favorecer el progreso científico se hace necesario que quede registrado y acumulado, accesible para su análisis y revisión”, apostilló Mulas. La diputada llegó a lamentar que son muchos los informes que llegan a los juzgados “con un sesgo pertinaz orientado a reconstruir los datos para conceder y recomendar en sus dictámenes de manera abrumadora la custodia monoparental materna”.
Por su parte, la parlamentaria socialista María de las Mercedes Gámez criticó, en alusión a Vox, que “se le da un altavoz al socio en la sombra del Gobierno andaluz, a su discurso acusador y persecutorio” del personal que trabaja contra la violencia de género.
La cuestión de la colegiación fue la que más se miró con lupa, pero lo cierto es que el vicepresidente acudió al Parlamento para anunciar que 94 profesionales del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa reforzarán los juzgados que tienen competencias en violencia de género, una medida que tendrá un coste de algo más de dos millones de euros y que será una realidad a partir del 3 de junio. La labor de estos tramitadores (funcionarios interinos) es ayudar a reducir el enorme atasco que tienen los órganos judiciales.
Equipos por provincias
Marín resaltaba que con estos 94 trabajadores se eleva a 339 los que hay desplegados en los juzgados. A ello añadía el ya anunciado incremento de los equipos multidisciplinares encargados de la evaluación de los casos de maltrato, de los que ahora hay uno en cada provincia menos en Cádiz, que cuenta con dos. A partir de junio habrá un nuevo equipo por provincia, que contarán así con dos y con tres en Cádiz, cada uno de ellos compuesto por un médico forense, un psicólogo, un trabajador social y un administrativo.
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