“No debe confundirse el conocimiento que el investigado pudo tener con el concierto previo para enriquecerse ilícitamente mediante la presentación de facturas inveraces por los servicios prestado. El fiscal jefe de la Audiencia de Jaén, Carlos Rueda, justifica de este modo su recurso de apelación en el que pide el sobreseimiento y archivo de las diligencias abiertas contra el exalcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, en la causa abierta por el presunto quebranto patrimonial de 4,1 millones a las arcas del Ayuntamiento cometido por la empresa zamorana Matinsreg al inflar supuestamente sus facturas de mantenimiento de las fuentes ornamentales en Jaén. El recurso de la Fiscalía, que sorprendentemente fue filtrado a un medio de comunicación antes de ser notificado a las partes, admite que Fernández de Moya, por su condición de alcalde-presidente del Ayuntamiento, “es obvio que tuvo conocimiento de la situación”, pero añade que éste “no tuvo intervención alguna” en el encargo a la empresa Matinsreg (o a las otras dos empresas Jofersan Aguas y Elecnor) de la realización de los servicios abandonados por Imesapi SA ya que los documentos para ello “se confeccionaron durante su ausencia, por ser periodo de vacaciones”. Niega, por tanto, que existiera el delito de prevaricación que se le imputa.
El recurso del fiscal Carlos Rueda llega después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén emitiera auto de procesamiento contra Fernández de Moya (junto a otras ocho personas) como presunto autor de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Hay que recordar que el PSOE solicita en su escrito de acusación 11 años de cárcel para Fernández de Moya, mientras que el propio Ayuntamiento jienense (gobernado por el PP) ha pedido 6 años de prisión. La defensa sí que ha recurrido el auto de procesamiento.
El fiscal también pide que decaiga el recurso de malversación de caudales públicos pues “ni él sustrajo caudales públicos ni existe indicio alguno en todo lo actuado para atribuirle que hubiere existido un acuerdo de voluntades previo o posterior con alguno o algunos de los demás investigados y hubiere con ello consentido dolosamente que otros lo hicieran”, se indica en el escrito remitido por el fiscal al Juzgado número 2. De igual forma, respecto al delito de tráfico de influencias, el fiscal señala que de las diligencias practicadas no hay “hecho alguno en el que se describa una conducta realizada por D, José Enrique Fernández de Moya que pueda integrar la referida calificación jurídica”. Sobre los reparos de legalidad de varias facturas, el fiscal asegura que fue algo que no sólo hizo José Enrique Fernández de Moya sino también todos los concejales que votaron a favor en el Pleno de mayo de 2014, mientras que en la pieza de Elecnor, fue la teniente de alcalde Rosa Cárdenas la que levantó los reparos de legalidad formulados por la Intervención. Fiscalía pide también que decaiga la acusación contra A.M.F. por delito continuado de falsedad en documento mercantil.
El fiscal Carlos Rueda sí que pide en su escrito la continuación de la causa contra el resto de procesados, entre ellos los exconcejales Miguel Ángel García Anguita y Manuel del Moral. Y señala que los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias o cohecho, son todos competencia del Tribunal del Jurado, por lo que pide que se proceda a la acomodación de la tramitación al procedimiento del Tribunal con Jurado y también la suspensión del trámite de calificación hasta que los recursos sean resueltos por la Audiencia Provincial.
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