Un gota a gota constante que no deja de engordar la factura. En eso se están convirtiendo las resoluciones judiciales que tumban los argumentos de la Junta y la obligan a pagar, una situación que puede empeorar a corto plazo ya que un análisis sobre los asuntos judicializados alerta de riesgos por sentencia contraria por importe de 237 millones de euros.
De confirmarse el peor de los escenarios, la cifra de los pagos por fallos judiciales en los últimos años se elevaría a los 999 millones de euros. Aquí, al margen de estos 237 millones, se incluirían los 548 millones a los que hubo que hacer frente por sentencias perdidas entre 2016 y 2018 y los 214 que, también por fallos contrarios, se cargarán a los próximos ejercicios, empezando por el presupuesto de 2019.
Entre los asuntos ahora en los juzgados que pueden traer estas consecuencias económicas para la Junta estaría dirimiéndose el de mayor importe al que ha tenido que hacer frente la Administración andaluza, con 202 millones de euros. Se trata de un caso que afecta a la Consejería de Salud y que superaría con creces el mayor revés judicial hasta la fecha, los 167 millones de euros por el sobrecoste del Metro de Sevilla, al que siguen los 166 millones por el caso del centro comercial Nevada, en Granada.
La Junta suele verse inmersa en los juzgados en casos de posible responsabilidad patrimonial de la Administración, expedientes sancionadores, impugnaciones de resoluciones o justiprecios. Según los cálculos del propio gabinete jurídico, desde 2014 constan en el sistema 60.000 expedientes que han propiciado algún litigio legal.
Cantidad variable
Una cuestión añadida es que las cifras aportadas hasta la fecha podrían verse incrementadas, pero en este caso por un mero problema administrativo. Y es que, sorprendentemente, la Administración andaluza carece de un registro centralizado y unificado que permita conocer cuánto se ha tenido que abonar por resoluciones judiciales.
Así, las cantidades reseñadas hasta la fecha son las de expedientes que se tramitaron como sentencias, pero puede haber casos que iniciaran su andadura con otro tipo de tramitación. En este sentido, una de las medidas que ha anunciado la Consejería de Hacienda es el de introducir un nuevo indicador en los expedientes para la identificación automática de los pagos a los que haya que hacer frente tras un fallo judicial.
Con este panorama, uno de los objetivos a los que aspira el Gobierno autonómico es a reducir la litigiosidad, para lo que hace unas semanas se puso en marcha una comisión con presencia de las consejerías de Presidencia, Hacienda, Agricultura y Fomento, que son las que, por término medio, se ven inmersas en más litigios judiciales. El objetivo es desbloquear asuntos que ahora puedan estar atascados y que, si no se resuelven, están avocados a la vía judicial por la falta de entendimiento entre las partes.
Asimismo, desde la Junta se ha anunciado la creación de una oficina de responsabilidad patrimonial para unificar los criterios y acciones en esta materia. La intención última es reducir el número de casos que acaban en los tribunales y, de esta manera, mitigar el riesgo de que terminen con una sentencia en contra.
"Chapuza administrativa"
Es un argumento recurrente y, como tal, el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), lo volvió a sacar a pasear el pasado jueves en la comisión de control que se desarrolló en el Parlamento. “¿Cuántos kilómetros de carreteras se podrían hacer si no tuviéramos que pagar tantos derroches por parte de la anterior administración?”, se preguntó de manera retórica, y aquí aludió explícitamente a los 167 millones por la sentencia del Metro de Sevilla, “fruto del capricho y la soberbia del anterior Gobierno”.
Moreno ha aludido a estos fallos judiciales en más de una ocasión como “chapuzas administrativas” de la etapa del PSOE, pero lo cierto es que ningún gobierno está exento de verse inmerso por sus decisiones en un pleito cuya resolución, al final, está en manos de un juez.
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