El Estado ha sido condenado a compensar, con indemnizaciones de hasta 9.622 euros, a cinco funcionarios de la prisión Puerto III, en El Puerto de Santa María, que fueron agredidos y heridos por un preso peligroso que incluso clavó un pincho a escasos centímetros de la yugular de uno de ellos.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo estipula así en una sentencia que confirma una anterior de la Audiencia Provincial de Cádiz y que declaraba la responsabilidad civil subsidiaria del estado por fallos de seguridad en el centro.
Entre ellos, los arcos detectores de metal no funcionaban y, por tanto, no se detectó que el preso llevaba una especie de pletina metálica de 8 centímetros de largo.
"Los hechos son elocuentes de que los protocolos y medidas de seguridad en el centro penitenciario no eran los adecuados para el control de un interno con la peligrosidad del acusado, ya demostrada en actuaciones precedentes", apunta la sentencia al rechazar parte del recurso de la abogacía del estado contra la primera sentencia.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha señalado en una nota de prensa que se trata de "una condena ejemplar al Estado por la falta de seguridad en las prisiones, dando por tanto razón a las reiteradas denuncias que ha realizado nuestro sindicato a lo largo de los últimos años".
Los hechos sucedieron el 21 de julio cuando el preso, que cumplía una condena de 23 años por delito de asesinato y atentado, iba a salir de su celda, en el módulo de aislamiento destinado a reclusos peligrosos, para salir al patio.
El preso salió con el objeto metálico escondido en una camiseta y cuando llegó al lugar en el que estaban seis funcionarios para realizarle el rutinario cacheo lo sacó y atacó con él al trabajador que tenía más cerca.
Tras clavárselo cerca de la yugular, propinó puñetazos y patadas al resto de los funcionarios que trataron de reducirle, lo que les provocó lesiones de diferente consideración.
La sentencia señala que otros funcionarios que acudieron a reducir al preso fueron pertrechados con material de seguridad insuficiente, al no existir escudos y defensas de goma para todos.
El fallo considera probado "una indebida exposición a un incremento del riesgo en el obligado ejercicio de sus funciones habituales", destaca CSIF.
El sindicato "lamenta que se tengan que producir sucesos de esta gravedad para demostrar el déficit de seguridad que venimos denunciando en los centros penitenciarios".
Además de declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, la sentencia confirma la condena al preso a 19 años y medio de cárcel por tentativa de homicidio con el agravante de reincidencia, a siete delitos de lesiones y a cuatro de lesiones leves.
Tras esta sentencia CSIF ha vuelto a reclamar el reconocimiento "inmediato" de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, la ampliación de los medios coercitivos y la aprobación de las pistolas eléctricas como medio defensivo, el incremento de las plantillas, la formación adecuada a los trabajadores que se enfrentan a internos peligrosos o situaciones de potencial riesgo y en endurecimiento de las sanciones, entre otras medidas.
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