El de este martes ha sido otro Consejo de Gobierno de esos en los que los actuales responsables de la Junta se llevan las manos a la cabeza por la anterior gestión. La acusación esta vez ha sido de peso: el “colapso administrativo” en la tramitación de las autorizaciones de calidad ambiental provocó el bloqueo de 4.367 expedientes de proyectos que preveían una inversión de 6.500 millones de euros, 2.800 millones de ellos de iniciativas de energías renovables. Potencialmente, se habrían generado alrededor de 92.000 puestos de trabajo.
Muchos de estos inversores habrían arrojado la toalla, llevándose su proyecto fuera de Andalucía, después de que los tiempos de respuesta hasta se cuadruplicaran sobre lo legalmente establecido. La demora media estaría en los cuatro años, pero con casos que se disparan hasta una década de espera.
La denuncia la hicieron a coro el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y la titular de Agricultura y Medio Ambiente, Carmen Crespo. El primero lamentó las inversiones que Andalucía ha perdido por “la incapacidad, dejadez y apatía del anterior gobierno” socialista, mientras que la segunda criticaba la “falsa protección ambiental” que esconden estas cifras, ya que, además de la huida de empresarios, este atasco ha provocado “parálisis medioambiental e inseguridad jurídica”.
Al margen de la artillería verbal contra la anterior etapa, la Junta va a intentar desbloquear estos expedientes para evitar más fugas de proyectos, para lo que va a reforzar los servicios con 64 trabajadores (esto le llevará tres meses) y modificará la normativa para permitir agilizar estos trámites, lo que estará para finales de junio. ¿Significa esto que se va a pasar más la mano para intentar ir más rápido? “No se trata de permitir cuestiones que no se pueden permitir o de hacer una normativa más laxa, sino más posibilista”, garantizó Crespo.
Con ello, el Gobierno hace sus cuentas: si se agiliza la mitad de estos expedientes y, posteriormente, la mitad de los mismos reúnen las condiciones para su visto bueno se crearían 23.000 empleos. También se le va a preguntar a los empresarios afectados qué ha fallado, al margen de que “la Junta hacía de tapón” y hasta “pedía informes adicionales no preceptivos”.
Como ejemplo de la nueva norma se puso el caso de las almazaras: el 80% se aprobaría más rápido al requerir un trámite burocrático más sencillo ya que están ubicadas en polígonos industriales, lo que rebaja los requisitos.
