El hombre acusado de estafar a varios compradores con la venta de teléfonos móviles a través de Internet ha asegurado este lunes que ha devuelto todas las cantidades entregadas por los clientes que ha podido y ha explicado que el problema fue del distribuidor, ya que él era un "mediador".
La Audiencia de Málaga juzga desde este lunes a este hombre para el que la Fiscalía solicita tres años de cárcel por un delito de estafa continuada. En esta causa son siete los perjudicados, aunque el acusado tiene pendiente otros procedimientos similares y según la Policía Nacional fueron casi 250 los compradores de toda España que resultaron afectados, con un perjuicio total de 160.095 euros.
El procesado ha negado que haya ese número de perjudicados, apuntando que serán unos 20 o 25, y ha dicho que en verano de 2015 la operatividad de la web que montó para la venta de los terminales se vio afectada porque no llegaban los pedidos por problemas con el distribuidor, asegurando que fue incluso a las oficinas de la empresa en un polígono de la capital y no encontró a nadie.
Ha señalado que comenzó a devolver el dinero antes de las denuncias de los perjudicados, sumando una cantidad de unos 200.000 euros; pero tuvo que dejar de hacerlo porque la Policía bloqueó la web donde tenía todos los datos. Además, ha indicado que ha consignado las cantidades que se reclaman en esta causa tras declarar en el juzgado.
El acusado, que ha contestado sólo a las preguntas de su abogado, ha manifestado que no huyó a París, como sostiene el fiscal, sino que se fue allí a trabajar con un nuevo distribuidor, precisando que estuvo "localizado al 100 por cien" en todo momento en la capital francesa, tanto personalmente como a través de las empresas que montó.
"He devuelto todo lo que he podido", ha señalado el procesado, quien ha apuntado que en los casos en los que ha devuelto el dinero se ha archivado el procedimiento.
Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, el acusado daba "apariencia de solvencia y seriedad a sabiendas de que carecía de ello", sosteniendo que una vez que recibía el dinero, "no enviaba" el pedido "ni devolvía" lo entregado por los clientes, señala la acusación pública.
La acusación pública considera que era "falso" que el acusado tuviera intención de hacer frente a los pedidos porque "desde el primer momento los aparatos no estaban a disposición del procesado", añadiendo que en la dirección postal facilitada no existía ninguna empresa y en el número de teléfono de contacto "nadie contestó a las llamadas" realizadas por los perjudicados.
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