La diputada del PSOE-A Susana Díez explicó que los socialistas se personarán en la causa después de que el diputado del PP-A Juan Ignacio Zoido pidiera en una iniciativa que la Junta se personase.
Díez aseguró que la Junta siempre ha colaborado y seguirá colaborando en este caso que, recordó, se inició con una denuncia ante la Fiscalía por parte de la Consejería de Empleo.
Sin embargo, no consideró procedente que la Junta se persone en la causa por el "respeto que se debe tener" a las instituciones.
Díez criticó la "doble moral sin límites" que tienen los populares e indicó que le hubiera gustado escuchar estas mismas denuncias en casos como el "Gürtel".
Zoido, que defendió la iniciativa del PP-A, opinó que ante la "gravedad" de los hechos denunciados en los que se afirma la existencia de una supuesta trama en el cobro de comisiones que afecta a la actuación administrativa y política de la Junta, el Gobierno andaluz debería ofrecer una "contundente respuesta".
En opinión de Zoido, la Junta tiene que personarse en las causas judiciales abiertas a fin de proteger el derecho a una buena administración, garantizado para todos los andaluces en el Estatuto de Autonomía, y de velar por el buen nombre de la Junta de Andalucía.
Zoido dijo que "la contundencia de la denuncia, la gravedad de los hechos, la implicación de la Junta de Andalucía y la necesidad de normalidad en Mercasevilla exige del gobierno una actuación activa y decidida que garantice a los ciudadanos su clara apuesta por esclarecer todos los hechos y exigir todas las responsabilidades que se deriven".
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, justificó la abstención de su grupo a la iniciativa en que los populares están, en realidad, señalando al Gobierno como responsable de la situación en vez de exigir transparencia.
Nuevas declaraciones
Por otra parte, la juez que investiga las presuntas irregularidades en la venta de los terrenos de Mercasevilla toma declaración hoy, como imputado, al secretario de la empresa pública Jorge Piñero, también vicedecano del Colegio de Abogados, que defiende que no fue el único que elaboró las condiciones.
Piñero va a ser asistido por el decano del Colegio de Abogados sevillano, José Joaquín Gallardo, según una práctica habitual cuando un abogado es imputado en investigaciones derivadas de su actividad profesional.
La juez de instrucción 6 de Sevilla, que desde mayo pasado tramita una denuncia de la Fiscalía por la presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla, ha abierto esta nueva línea de actuación por lo que ha denominado "adjudicación fraudulenta" de la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla a la constructora Sando.
Por ello, Piñero, que era asesor jurídico de Mercasevilla en 2006 y actuaba como "secretario de hecho" de la empresa, ha sido citado como imputado en presuntos delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas.
Fuentes del caso han informado a Efe de que, nada más conocer la intención de la juez de citarlo, Piñero remitió en agosto pasado al juzgado un escrito en el que explica su participación en la redacción del pliego de condiciones y asegura que fueron fijadas por varias personas.
Según su escrito, se trató de un "trabajo conjunto" de muchas personas, algunas de ellas "más expertas en contratación administrativa".
El vicedecano del Colegio de Abogados asegura también en su escrito que las condiciones fueron supervisadas por el consejo de administración y la comisión ejecutiva de la empresa municipal y se redactaron según lo propuesto por los técnicos.
La imputación de Piñero se ha producido tras la declaración como testigos, en julio pasado, de los dos técnicos que intervinieron en la adjudicación de la opción de compra de los terrenos y dijeron que las condiciones que permitieron elegir a Sando no eran las habituales ni las que ellos habrían aconsejado.
Según dichos técnicos, los detalles del concurso fueron decididos por Piñero y por Fernando Mellet, ex gerente de Mercasevilla ya imputado en la causa, y de no haberse fijado las condiciones que favorecieron a Sando, ellos habrían adjudicado la venta a la empresa Noga.
La testigo M. V. B. S, técnico urbanista, afirmó que, en sus 23 años de ejercicio, nunca había visto la cláusula para rechazar las ofertas que contuvieran un "alza desproporcionada" del precio, ya que se trata una interpretación de la normativa que en realidad está prevista sólo para las "bajas desproporcionadas".
Según la testigo, el "derecho de tanteo" que Mellet o Piñero le dijeron que Sando poseía sobre los terrenos era una cláusula que "no le gustó, porque era una ventaja sobre los demás".
Su compañero J. A. R. M. dijo que "nunca en su trayectoria profesional ha visto u oído la limitación al alza del precio", una cláusula que decidió dejar fuera del concurso a quienes presentasen una oferta diez unidades porcentuales por encima de la media aritmética de las demás.
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