La semana pasado trascendió que el Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) ha respaldado una sentencia previa, por lo que se da por probado la denuncia de una aspirante en las oposiciones de 2016: las once preguntas del tercer ejercicio no fueron evaluadas de forma idéntica en todos los exámenes. La sentencia demuestra que el denunciante tendría que haber obtenido su plaza (siempre que superara el posterior examen médico), y se debe reconocer “su derecho a ser nombrado en la plaza de bombero, con todos los efectos legales”. Esta es solo la primera sentencia firme, pero se esperan otras más, puesto nueve de los opositores que quedaron excluidos demandaron al Ayuntamiento y hasta la fecha ya hay cinco sentencias pronunciadas en primera instancia. Todas dan la razón a los demandantes y ordenan la repetición del tercer ejercicio o que se proceda a una nueva valoración.
A pesar de todas estas sentencias, el equipo de gobierno del Partido Popular, en lugar de ponerse del lado de los aspirantes, defendió al tribunal calificador, cuando ya ha quedado demostrado que actuó como mínimo con arbitrariedad.
Rosa Galindo, candidata de Málaga Ahora para las próximas elecciones municipales, ha recordado que su grupo ya denunció que otras dos convocatorias del área de seguridad, en ese caso para la Policía Local, acabaron por consolidar una situación tremendamente injusta, debido a la lentitud de la justicia y al apoyo incondicional del equipo de gobierno a los tribunales calificadores irregulares: “Por un lado, el TSJA consideraba inejecutable su propia sentencia a causa de los derechos adquiridos por los aspirantes que sí obtuvieron su plaza en la policía, y por otro lado los responsables de los tribunales calificadores que actuaron de manera irregular no han recibido ningún tipo de sanción por parte del gobierno municipal, que fue quien los nombró, de manera que a pesar de contar con una sentencia firme que demuestra el fraude quedaron impunes”.
No obstante, Galindo ha confiado en que en esta ocasión el equipo de gobierno rectifique, admita que el proceso selectivo fue cuando menos irregular y que se vulneraron los principios de transparencia y publicidad, tal y como recoge la sentencia.
Cabe destacar que todo esto se podía haber evitado si en su momento se hubiera cursado la petición del Sindicato Andaluz de Bomberos, que solicitó participar en el proceso como observador y que habría detectado esta irregularidad.
A juicio de Galindo, estas irregularidades también dejan en situación de indefensión a los 37 trabajadores y trabajadoras de la plantilla de bomberos que ingresaron en las últimas oposiciones, “puesto que no son en absoluto responsables de los hechos probados en la sentencia”. Por ello, ha abogado por que se busquen fórmulas legales para cumplir con las sentencia sin perjudicar la carrera de estos funcionarios públicos. Así lo solicitará su grupo la semana próxima en la Comisión de Seguridad, al tiempo que pedirá que se sancione a los responsables de los hechos que la sentencia firme del TSJA da por demostrados.
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