La Comisión del Estatuto de los Diputados ha dado este martes el visto bueno a la compatibilidad de la actividad profesional de Francisco Serrano, presidente del grupo parlamentario de Vox, así como de siete parlamentarios de este partido y de otros nueve del resto de grupos políticos.
Tras esta decisión, Serrano no tendrá que renunciar a su acta de diputado por sus actividades privadas, recogidas en su declaración de bienes e intereses presentada ante el Parlamento de Andalucía. Según la misma, posee participaciones en su despacho de abogados por valor de 62.252 euros, lo que para la Comisión del Estatuto de los Diputados no es incompatible con sus funciones de parlamentario. Los otros siete diputados de Vox analizados por los letrados del Parlamento se encuentran en la misma situación.
Junto a los ocho parlamentarios de este partido, la comisión abordó este martes la compatibilidad de otros nueve representantes de los distintos grupo. Cinco son de Cs, dos del PP, uno del PSOE y otro de Adelante Andalucía, cuyas actividades también ha sido declarados compatibles, han confirmado fuentes parlamentarias.
Ningún precedente
Los letrados que analizan las incompatibilidades que figuran en la Ley Electoral de Andalucía nunca en la historia de la Cámara han encontrado incompatibilidad de los diputados y su dedicación profesional privada.
Poder compatibilizar el escaño y el desarrollo de actividades profesionales es un asunto que no ha quedado exento de polémica sobre todo en lo que a las compatibilidades que han solicitado los representantes de Vox respecta, grupo que ha denunciado que haya existido una “filtración” sobre la necesidad de abordar la situación de compatibilidad o no de algunos de sus diputados.
Para el partido de Santiago Abascal se ha vulnerado uno de los principios fundamentales y básicos del Parlamento como es el carácter secreto de la Comisión del Estatuto de los Diputados, porque se ha “filtrado una información” que además “no es cierta”.
También critica este asunto Adelante Andalucía, en boca de su portavoz parlamentario, Antonio Maíllo, que ha urgido a abordar el “agujero” que, a su juicio, tiene la ley electoral andaluza respecto a las incompatibilidades para evitar “el uso de los cargos públicos como elemento propagandístico de actividades profesionales y privadas”.
