El Consejo de Gobierno ha puesto en marcha este martes las actuaciones dirigidas a reformar el Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos de los políticos, un camino "largo y complejo" en el que espera contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Así lo ha anunciado al término de la reunión del Consejo de Gobierno el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, que ha señalado que los aforamientos son "un privilegio que tradicionalmente se ha justificado en que las funciones de los aforados necesitaban mecanismos específicos de protección".
"Eran otros tiempos, que ahora han cambiado, y la sociedad actual demanda más democracia y que todos seamos más iguales", ha dicho Bendodo, que ha recordado que la supresión del fuero afectaría al presidente de la Junta, los consejeros y los diputados autonómicos.
La Junta plantea por ello un proyecto de reforma del Estatuto que requiere, ha detallado el consejero, de la mayoría de dos tercios de la Cámara para "poder arrancar", por lo que ha confiado en "poder conseguir todos los apoyos necesarios" de los partidos con representación parlamentaria.
"Vamos a apelar a que este interés es compartido por todos", ha dicho Bendodo, que ha destacado que este camino "ya lo recorren otras comunidades autónomas".
Ha insistido en que los trámites serán "largos" pero su inicio "sirve como declaración de intenciones de este Gobierno", ha dicho.
"Lo importante muchas veces es tomar la decisión, y ya está tomada", ha sentenciado el consejero de la Presidencia, que ha sostenido que la supresión de los aforamientos es algo que "demandan los andaluces".
Ha detallado que para ser aprobada esta iniciativa necesita, junto a la mayoría de dos tercios del Parlamento, el refrendo de las Cortes Generales y el sí en un referéndum que habrá que celebrar en un plazo máximo de seis meses desde la ratificación de las Cortes.
Según ha indicado Bendodo, existe también una "vía simplificada", aplicable cuando la reforma no afecta a las relaciones de la comunidad autónoma con el Estado, una posibilidad que "habrá que estudiar".
Tras la decisión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, iniciará ahora una "ronda de contactos" con todos los grupos parlamentarios "para intentar el mayor consenso posible, si no la unanimidad" de los partidos con representación en la Cámara.
El número tres de la Junta, que ha dicho que la regeneración democrática es "uno de los pilares" del pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos, ha anunciado también el inicio de las actuaciones necesarias para proteger a las personas que denuncien corrupción o fraude en Andalucía.
Según ha explicado, se va a garantizar el derecho a la protección de "quienes se atreven a denunciar prácticas fraudulentas", a quienes se les blindará en el aspecto laboral y se les asegurará también asistencia jurídica.
Las medidas que se adopten para lograrlo, ha especificado Bendodo, se integrarán en un único texto legal junto a la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.
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