La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han detenido a 59 personas durante el desarrollo de la denominada 'Operación Galatea' dirigida contra el fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social en 17 provincias, entre las que se encuentran Almería, Cádiz y Sevilla, por importe de 18,70 millones de euros.

Según han informado fuentes la Policía Nacional, las actuaciones se han realizado en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Gerona, Huesca, A Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora.

Las investigaciones comenzaron a principios del año 2018, tras recibir varias denuncias que informaban sobre hechos ilícitos cometidos contra la Tesorería General de la Seguridad Social. Tras el análisis de la documentación, se observó que, "con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, se crearon entramados empresariales con empresas deudoras y empresas pantalla a las que se les repercutían los beneficios y el patrimonio", relatan las mismas fuentes.

Los 59 detenidos han resultado ser "principalmente los administradores de hecho de las empresas, pero también sus testaferros -algunos de ellos trabajadores que figuraban en connivencia-, así como familiares de los primeros", ha puntualizado la Policía.

A los arrestados se les ha imputado delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, grupo criminal, contra el derecho de los trabajadores y apropiación indebida.

Avanzadas las investigaciones, se realizaron informes patrimoniales de las personas implicadas con el fin de que pueda solicitarse el embargo de los bienes localizados.

ENSEÑANZA

La Policía ha explicado que en Madrid se ha desarticulado "un grupo empresarial no transparente dedicado a la enseñanza y a la educación, creado con la intención de generar confusión entre las sociedades que lo conformaban".

"Tres de las empresas soportaban el alta de todos los trabajadores, generando las deudas a la Seguridad Social al no abonar las cuotas de los docentes y administrativos. Además, sufría en sus cuentas todos los gastos de mantenimiento de edificios, pagos de proveedores y personal", ha asegurado la Policía.

Así, elegían diferentes empresas para recibir los ingresos del grupo empresarial, recibidos principalmente de las cuotas de los alumnos de un centro educativo internacional situado en Madrid, el cual hacía de unión entre todas las mercantiles.

El director del centro educativo "orquestó presuntamente el fraude a la Seguridad Social administrando todas las empresas investigadas, en las que había una plantilla única y patrimonio social confundido, existiendo trasvase de trabajadores sin conocimiento de éstos ya que sus labores siempre eran similares en el mismo lugar", sostienen las mismas fuentes.

En el año 2017, dos de las empresas pantalla recibieron un volumen de 6.478.414,3 euros que fueron desviados desde las empresas deudoras, si bien la deuda generada a la Seguridad Social desde el 2011 por este grupo asciende a 4.204.739,33 euros.

El responsable de estas actividades ilícitas ya fue investigado por hechos similares ocurridos entre 2009 y 2010. En aquella ocasión se le detuvo por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.

Mientras, en la provincia de León se ha detenido al ideólogo de una sucesión empresarial dedicada a la "explotación de canteras", así como a sus testaferros, "quienes no habían abonado ninguna cotización de los más de 170 trabajadores que había tenido de alta desde el año 2009 hasta nuestros días, generando a la Seguridad Social una deuda por el impago de los seguros sociales de unos 575.000 euros", subraya la Policía.

SOCIEDADES INTERPUESTA

En concreto, se crearon "sociedades superpuestas en el tiempo" con el objetivo de suceder a la deudora anterior, "continuando la misma actividad en el mismo local y, así, operar en el mercado con una empresa limpia de cargas", afirma la Policía.

Los investigadores observaron que el capital social ascendía a casi un millón de euros y su patrimonio neto declarado en 2016 rondaba el millón doscientos mil euros. Sin embargo, sobre el papel carecían de patrimonio de cierto valor.

Asimismo, se acreditaron indicios de descapitalización; trasvase de trabajadores; unidad de dirección de las empresas; utilización de testaferros; facturación cruzada; y búsqueda por parte de socios y órganos de gestión de falsa apariencia de independencia entre empresas.

Además, "utilizaban fraudulentamente la falta de pago de las cuotas a la Seguridad Social como una herramienta de gestión empresarial, reduciendo costes frente a competidores, que no podían rivalizar en el precio de la venta de pizarra y piedra ornamental al tener que soportar costes superiores", indica la Policía Nacional.

ACUERDOS

"Para retrasar o impedir el legítimo cobro de la deuda por parte de la Tesorería General, los investigados llegaron a acuerdos de aplazamiento que incumplieron", indican las mismas fuentes.

En uno de estos acuerdos se constituyó como garantía de pago una pala cargadora caterpillar y, al requerir la Tesorería General de la Seguridad Social su cobro, se negaron a entregarla. Posteriormente fue localizada por los cuerpos de seguridad para su precinto, "aunque estaba inservible y sin valor porque los propietarios le habían quitado el motor", han puntualizado.

Dos personas fueron detenidas por estos hechos y una más resultó investigada por los delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.