El colapso en las concesiones de la renta mínima de inserción va a obligar a poner en marcha un plan de choque, ya que son 41.000 solicitudes las que hay ahora mismo pendientes. Así lo ha garantizado la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que ha anunciado que “va a impulsar medidas de urgencia” en la tramitación de estas ayudas para “eliminar los retrasos que se están produciendo”.
Para ello, la Dirección General de Servicios Sociales tiene previsto un refuerzo del personal necesario en los Servicios Sociales Comunitarios, así como en las delegaciones provinciales de la Consejería. También “se mejorará la gestión informática de esta prestación, que se ha revelado ineficiente hasta el momento”, según apostilla la Consejería, y, finalmente, “se va a agilizar la elaboración de los planes de inclusión sociolaboral que deben acompañar a la concesión de esta renta”.
Según la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, la situación que atraviesa el trámite de solicitud de la renta mínima de inserción “es un problema heredado de la anterior legislatura fruto de la imprevisión, precipitación e ineficacia del anterior Gobierno”. “Aunque el decreto era de obligado cumplimiento, no se proporcionaron los recursos ni el personal necesarios para ello”.
Además, ha subrayado que “no es admisible que haya personas que llevan hasta diez meses esperando una resolución cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y extrema necesidad”. La consejera ha destacado que se va a poner en marcha el citado plan “para dar celeridad al abono de estas ayudas, que estaban presupuestadas en 198 millones de euros para 2018, pero que sólo se abonaron 56,9 y quedaron, por tanto, sin ejecutar 131 millones, lo que supone cerca del 70% del presupuesto”.
Para ello, la secretaria de Políticas Sociales y Migraciones de CCOO de Andalucía, Rosa Berges, ha reclamado a la Junta “la contratación de personal fijo” para “agilizar” esta situación.
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