Actualizado: 23:51 CET
Sábado, 19/10/2019

Almería

El juez cita el día 27 a las partes en el crimen del niño Gabriel

Para celebrar la audiencia preliminar que prevé la ley antes de decidir la apertura de juicio oral contra Ana Julia Quezada

  • Los padres de Gabriel.

El Juzgado de Instrucción 5 de Almería ha citado el 27 de febrero a las partes personadas en la causa penal contra Ana Julia Quezada por la muerte violenta del niño de ocho años Gabriel Cruz para celebrar la audiencia preliminar que prevé la ley antes de decidir la apertura de juicio oral contra ella por presuntos delitos de asesinato, contra la integridad moral y lesiones psíquicas.

La comparecencia, en la que acusaciones y defensa podrán interesar la práctica de diligencias complementarias encaminadas únicamente a determinar si procede o no elevar el procedimiento a la Audiencia Provincial de Almería para la celebración de vista oral, se ha señalado en la fecha en la que se cumple un año exacto de la desaparición del menor en la pedanía de Las Hortichuelas, en Níjar, y de su muerte posterior.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que el magistrado Rafael Soriano ha convocado a las partes el día 27 y, que, con posterioridad, bien en el mismo acto o en los tres días posteriores, debe dictar el auto de apertura de juicio oral contra Ana Julia Quezada, quien se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable que solicitan tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejercen los padres del niño, Ángel Cruz y Patricia Ramírez.

La defensa de la procesada solicita un máximo de tres años de prisión ya que considera que los hechos se enmarcan en un delito de homicidio por imprudencia grave porque habrían sido, según sostiene, fue el resultado de "una disputa" y no fue un crimen planificado. Además, interesa que se tenga en cuenta la atenuante de confesión tardía.

La última vez que Ana Julia Quezada compareció en el Juzgado de Instrucción 5 de Almería fue el 17 de septiembre de 2018 si bien la ley, en este caso, contempla su citación pero no su necesaria presencia. Hace cinco meses lo hizo durante apenas una hora para conocer que iba a ser procesada por la presunta comisión de delitos de asesinato, contra la integridad moral, y lesiones psíquicas.

Conoció en ese momento también que se había acordado el sobreseimiento del delito de detención ilegal por el que también se le investigaba ya que el magistrado estimó que formaba parte "de la dinámica comisiva del asesinato coger a una persona de un sitio para llevarla a otro y matarla".


La única acusada por el crimen del niño Gabriel Cruz será enjuiciada por un tribunal de jurado después de que la Audiencia confirmarse el auto del juez Soriano y rechazase los argumentos de la defensa que sostiene que "la extraordinaria y desmedida repercusión mediática de los hechos privaría a cualquier ciudadano llamado a ser jurado de la imparcialidad y la serenidad de ánimo requeridas por la Constitución para la dedicada labor de juzgar".

El tribunal de la Sección Tercera concluyó que "no estaba justificado cuestionar la integridad e imparcialidad" y aludía a
que la ley prevé diversos mecanismos en la fase del constitución del jurado popular "a disposición de las partes con el fin de salvaguardar el buen funcionamiento mediante la recusación de alguno de sus miembros".

La Fiscalía ha solicitado, además de la prisión permanente revisable por el delito de asesinato con alevosía, un total de diez años de prisión por dos delitos de lesiones psíquicas cometidos sobre los padres del niño y que se le prohíba tanto la comunicación como la aproximación a una distancia de un kilómetro durante 30 años.

Como responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que la acusada Ana Julia Quezada abone una indemnización de 300.000 euros a Ángel Cruz y Patricia Ramírez en concepto de reparación por el daño moral causado y por el mismo delito la cantidad de 160.000 euros a la abuela paterna.

También incluye el pago a los progenitores Patricia Ramírez y Ángel Cruz en la cantidad de 170.000 euros, 85.000 euros por cada uno de ellos, en concepto de lesiones psíquicas y secuelas y por los gastos médicos-farmacéuticos acreditados.

Por otro lado, solicita el pago de 200.203 euros por los gastos generados en el amplio despliegue operativo que se puso en marcha en la búsqueda del menor desaparecido durante once días.

 

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