Una de las modificaciones que introducirán los grupos a través de sus enmiendas será la ampliación de la ayuda del 1 de agosto al 1 de enero de 2009 y así a los 340.000 beneficiarios actuales se sumarán unos 255.000 más.
No obstante, estas personas que dejaron de percibir la prestación desde primeros de año no podrán solicitar los 420 euros hasta noviembre, cuando concluya el trámite parlamentario y se aprueben las modificaciones pertinentes.
La convalidación del decreto contó con los votos a favor de todos los partidos, incluido el PP, con la única oposición de UPyD que votó en contra, mientras que su tramitación como proyecto de ley fue aprobada por unanimidad.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, instó a los grupos parlamentarios a aprobar “con urgencia” la medida y les pidió su implicación, ante el riesgo de exclusión social al que se enfrentan los parados que han agotado sus prestaciones.
También abogó por ampliarla más allá de las rentas mínimas de inserción que otorgan las comunidades autónomas. Recordó que se trata de un programa temporal y extraordinario que garantiza los ingresos mínimos y la inserción laboral y que no se limita solo a conceder una prestación a personas en situación de necesidad, sino que considera su condición de trabajadores y “pone énfasis” en reforzar la capacitación para su entrada en el mercado laboral. El decreto, en sus términos actuales, establece la ayuda de 420 euros para los desempleados que hayan agotado su prestación o subsidio desde el 1 de agosto y tengan rentas inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (624 euros) durante un periodo de 6 meses prorrogable si la tasa de paro supera el 17%.
El diputado popular Juan Ignacio Echániz dijo que el Partido Popular ha dado un “claro sí” a la medida porque lo contrario “sería condenar a la indigencia a nuevos excluidos y pobres que ha creado el Gobierno”, aunque puntualizó que “los españoles no quieren un cheque-parado sino un empleo digno”. Echániz pidió al Gobierno políticas de empleo que no sean “parches” y dijo que el cheque-parado supondrá 14 euros por familia y día “y no para todos”.
Carles Campuzano, de CiU, consideró que la medida, para ser “eficaz”, debe incluir una reforma de los Servicios Públicos de Empleo que garantice la inserción laboral y otra “amplia” del mercado laboral para evitar la elevada temporalidad.
El diputado del Partido Nacionalista Vasco, Emilio Olabarría, aunque votó a favor, criticó la “falta de clarividencia” de la política de empleo del Gobierno.
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