El nuevo Gobierno de la Junta dice que necesita un tiempo para conocer la verdadera situación económica que se encuentra, pero sí parece tener ya muy clara una cifra: los casos que investiga la Justicia por la gestión durante la etapa del PSOE ponen en entredicho qué ha pasado con 5.000 millones de euros. Aquí van “los ERE, Invercaria, facturas falsas, Faffe, Marismas y otros casos”, según la somera enumeración que hizo ayer el vicepresidente, Juan Marín (Cs), en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La cantidad, tuvo que precisar, no ha surgido de ningún nuevo informe o auditoría, sino que sale de la suma de “los casos que están siendo investigados”. Por ello, su intención, al margen de lo que resuelvan los jueces, es poner las herramientas para que la gestión de la Junta “deje de estar en los titulares de prensa y en los juzgados”.
El instrumento para ello va a ser la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, para cuya creación se dieron pasos en la anterior etapa hasta que llegó el Consejo Consultivo y expresó sus serias dudas sobre la fórmula elegida. Por ello, para dar cobertura a los funcionarios encargados de esta tarea, se va a aprobar una ley que permita crear la Oficina.
El problema es que una ley tiene sus plazos, que no son precisamente cortos, con lo que esta herramienta contra el fraude tardará todavía bastante en estar operativa. Mientras tanto, el Consejo de Gobierno ha solicitado al Parlamento la creación de una comisión de investigación de la Faffe, un gesto simbólico porque tenía asegurada su puesta en marcha con la petición que registró Cs el lunes.
Más poder para Bendodo con su nombramiento como portavoz
El formato de la primera rueda de prensa en San Telmo tras el Consejo de Gobierno ya generó un runrún: a un lado, el vicepresidente, Juan Marín; al otro, Elías Bendodo, el consejero de Presidencia. Una imagen que no ayudaba, precisamente, a acallar esa imagen de bicefalia, de una Junta del Partido Popular y otra de Ciudadanos, que tanto se esmeran en combatir.
Tanto es así, que el propio Marín aclaró nada más empezar que ésta no iba a ser la fórmula habitual, y que a partir de la semana que viene sólo comparecería el portavoz del Gobierno que, anunció, va a ser el propio Elías Bendodo. En su insistencia en demostrar la buena sintonía del Gobierno, llegó a afirmar que “todo se ha aprobado sin ningún tipo de problemas”.
Así que las miradas se giraron hacia Bendodo cuando le llegó el turno de responder preguntas, una de las cuales fue por qué es él al final el portavoz. “Me lo ha propuesto el presidente esta misma mañana y le he dicho que estoy a su disposición”, aprovechando para introducir el matiz de que “lo asumo yo y así nos ahorramos una Dirección General, lo que supone un ahorro en estructura”.
Cambios provinciales
Una estructura de la Junta, por cierto, que avanza poco a poco. Ayer, explicó Bendodo, le tocó a la estructura territorial, el próximo martes se conocerá la estructura de Gobierno y, como punto final, en dos semanas se dará luz verde a un “decreto de eventuales”. Todas tienen un punto en común: “Habrá reducción en todos los niveles”. El primer paso se ha dado en las provincias, donde al delegado del Gobierno de la Junta le acompañarán otros seis delegados territoriales frente a los siete que había ahora. Según los cálculos del Gobierno, esta reducción es del 12%, implica pasar de 65 a 57 cargos y supone un ahorro de 500.000 euros.
Junto a ello, se han producido 23 nombramientos de altos cargos en siete consejerías, entre los que figuran tres que han ejercido con anterioridad otras responsabilidades dentro de la Administración andaluza, como el secretario general de Turismo, Manuel Pablo Muñoz. Entre esta cascada de nombramientos destaca el del nuevo gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que será Miguel Moreno.
El cribado del cáncer de colon llega con polémica
Lo anunció el propio presidente andaluz, Juanma Moreno, el pasado lunes en Córdoba: el cribado del cáncer colorrectal se extenderá a toda la población entre 50 y 69 años. Fue decirlo y saltar desde el PSOE diciendo que esa medida ya estaba en marcha y que el nuevo Ejecutivo se estaba colgando medallas que no son suyas.
El portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, repitió una y otra vez que no, que la medida era nueva, que lo que se hacía antes llegaba a poca gente y que ahora se va de verdad como demuestra que se alcanzará a toda la población diana en 2020. Pero eso es precisamente lo que había anunciado el Gobierno socialista, así que las dudas seguían.
Tanto es así, que tras acabar la rueda de prensa del Consejo de Gobierno apareció el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, para subrayar que la principal novedad es que habrá presupuesto para aplicar una medida que, a su juicio, hasta ahora no estaba garantizada. Serán 5,5 millones de euros en 2019 y 4,5 millones en 2020. “Es una cuestión de salvar vidas y de eficiencia”, apostilló: la prueba de sangre en heces que se va a hacer cuesta dos euros, la colonoscopia ya se va a los 180 euros y tratar a un paciente son 27.000 euros.
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