Mañana viernes se pondrá a cero el contador en Andalucía, una vez que Moreno Bonilla tome posesión como presidente de la Comunidad Autónoma. El apoyo, como ustedes ya saben, de Ciudadanos y Vox, cambiará el color del Parlamento Andaluz, en el que se ha celebrado el debate de investidura.
A la hora de escribir estas líneas aún no había intervenido la que presumiblemente será jefa de la oposición y hasta ahora presidenta en funciones, Susana Díaz. Aunque su intervención -y por supuesto su actitud durante esta legislatura- no me cabe la menor duda que será muy parecida a la de los que rodearon el Hospital de las Cinco Llagas el pasado martes: la del no respeto.
Lejos de los pactos entre las diferentes formaciones políticas, entiendo que los 26 diputados del PP, los 21 de Ciudadanos y los 12 de Vox representan a un enorme número de andaluces que merecen el respeto de todos. Insisto: de todos.
Por ello, la confrontación que provocan los partidos del ala izquierda es más que inapropiada. Se trata del “conmigo o contra mí”, o más gráficamente, llevar a la práctica “el ancho del embudo”. Fletar autobuses para esa concentración o poder ver, al frente de la misma, a cargos de confianza del PSOE en diferentes organismos e instituciones te da la medida de cuál será la actitud de ese partido cuando se vea de verdad en la bancada de la oposición. La democracia, en ocasiones, brilla por su ausencia.
A todo esto, se vislumbra un problema de difícil solución: a partir de ya mismo, aunque no me fío de estos datos, 660 personas entre altos cargos (273), personal eventual (239) y contratados de alta dirección (148), designados por los socialistas, dejarán de trabajar para la Junta de Andalucía, la mayor empresa de la comunidad con 270.101 empleados en nómina. Serán los primeros en salir. Algunos de ellos es posible que consigan volver a sus antiguos puestos de funcionarios o a la actividad privada, pero otros muchos irán al paro. En el entorno de Susana Díaz comenzarán los problemas.
36 años y ocho meses con las riendas de la región más poblada de España (8,4 millones de habitantes) va a pasar una enorme factura. Porque esas riendas lo controlaban todo. Todo, absolutamente todo: desde los presupuestos y la política a los nombramientos, ascensos y descensos; desde las empresas públicas a las fundaciones. Por ello, las fuerzas políticas que han llegado al acuerdo de gobierno y de investidura sólo se fijaban un objetivo prioritario: desalojar al PSOE. Desde las urnas, sin fletar autobuses. Y a día de hoy podemos ya decir que lo han conseguido.
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