El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción del ‘caso Malaya’, demandará al Consistorio por su despido, que considera improcedente, después de no producirse avenencia entre ambas partes ayer en el acto de conciliación previo.

Tras ese acto en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) de la Junta de Andalucía, el abogado de Roca, Francisco Hurtado, no precisó a los periodistas los argumentos de su tesis, aunque entiende que el contrato laboral está en suspenso al estar el ex asesor en prisión y que "cualquier despido en esa situación es improcedente".

El coordinador general de Personal y Hacienda del Ayuntamiento marbellí, Carlos Rubio, que defiende la procedencia del despido, destacó que "más allá de la procedencia legal y jurídica del despido, la simple oposición de Roca a esta postura del Ayuntamiento demuestra a las claras la falta de respeto absoluto que ha tenido siempre y sigue teniendo hacia las instituciones públicas".

Añadió que esa falta de respeto es en este caso con el Consistorio, "al que ha hecho un daño tan grande que vamos a tardar muchos años en recuperarnos", e incidió en que "lo más importante desde el punto de vista moral y político es que es incomprensible como sigue faltando el respeto a las instituciones".

El letrado del ex asesor urbanístico señaló que tras la demanda, que presentarán de inmediato, se celebrará un juicio que debe ser en un plazo de 60 días, aunque debido a la sobrecarga de trabajo de los juzgados de Lo Social por la crisis -según él- tardan bastante más, y calculó que en ese tiempo se señalará la vista, a la que acudirá personalmente Juan Antonio Roca.

Preguntado si el ex asesor podría reintegrarse a su puesto de trabajo municipal en caso de que saliera de la cárcel, aunque consideró por un lado que sí, explicó por otro que hay una resolución donde se ha procedido a su despido disciplinario que le impide reincorporarse.

Aseguró que tras la demanda hay otra oportunidad de conciliación, al que imagina que no se acogerá ninguna de las partes, por lo que habrá que esperar a la sentencia "estrictamente aplicando el Estatuto de los Trabajadores y la legalidad vigente".

También manifestó que la ausencia de avenencia "es muy frecuente en este tipo de casos donde las partes tienen posiciones muy claras", por lo que únicamente les hubiera sorprendido "la readmisión inmediata de Roca".

Recordó que el acto de conciliación es un requisito legal como paso previo a la jurisdicción social y que, como suele ocurrir en estos casos, "el Ayuntamiento se opone por los motivos que en su día alegarán en el acto de juicio".

Carlos Rubio insistió en que "es un despido procedente por cuanto hay sentencia firme, queda suspendido su contrato en el momento en que está en prisión preventiva, no ha recibido ni un euro del Ayuntamiento en todo este tiempo y, a partir de ahora, con el despido no va a recibir ni un euro ni como indemnización ni como salario".

Roca solicitó su readmisión o, en su caso, una indemnización en la cuantía fijada para el despido improcedente y el abono de los salarios de tramitación devengados.

El ex asesor había manifestado por escrito tener antigüedad en el puesto desde el 22 de abril de 1992 y que percibía un salario mensual de 9.066,83 euros.

El Consistorio acordó el despido disciplinario de Roca por falta grave consistente en "falta repetida e injustificada a su puesto de trabajo" en el Organismo Autónomo Local Servicios Operativos desde el 31 de marzo de 2006 -cuando fue detenido por el ‘caso Malaya’- hasta ahora de modo ininterrumpido.

El abogado de Roca alegó que su contrato de trabajo está en suspenso hasta recaer sentencia firme y ejecutoria y desde el Ayuntamiento entienden acreditado que ya recayó sentencia firme.

Los juristas no respaldan los argumentos del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Marbella podría haberse confundido al argumentar el despido de Juan Antonio Roca de su puesto de trabajo. Según manifestaron a Efe fuentes jurídicas especialistas en derecho laboral, "hubiese sido más correcto" despedir a Roca alegando que tiene una sentencia firme condenatoria, por el "caso Belmonsa" "en la que ha quedado acreditado que ha habido una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza en el desempeño de sus funciones".

Las mismas fuentes explicaron que al estar en prisión preventiva por el ‘caso Malaya’, en virtud del Estatuto de los Trabajadores, "su contrato de trabajo se encuentra suspenso", lo que significa que no tiene obligación de asistir a su puesto de trabajo ni el Ayuntamiento de remunerarle el sueldo".

En este sentido argumentaron que "no cabría un despido por expediente disciplinario por incomparecencia injustificada a su puesto de trabajo".

Sin embargo, el Ayuntamiento "ha comunicado su despido en un momento determinado", cuando la sentencia por el "Caso Belmonsa", que condena a Roca a nueve meses de prisión "ha sido firme".

En este sentido, las fuentes consultadas manifestaron que con la sentencia firme condenatoria "ya no está amparado la suspensión del contrato" con lo que "sí sería una causa legal para el despido la incomparecencia a su puesto de trabajo".

No obstante, el Consistorio "se podría haber confundido" porque "la condena firme de nueve meses de prisión ya ha sido cumplida en la preventiva, al llevar en prisión desde 2006", y la defensa de Roca "puede alegar que en el momento de la carta de despido, va a seguir en situación de prisión preventiva, y la condena firme ya ha sido más que cumplida".

Las fuentes consultadas consideraron que "ha faltado argumentar que en la sentencia firme condenatoria aparece como hecho probado que ha habido tráfico de influencias", hecho que es "indiscutible y da igual que el contrato esté en suspenso o que no lo esté".

En este sentido apostillaron que "tienen posibilidades ambas partes".