La Asociación de Víctimas de Talidomida (Avite) ha presentado una reclamación patrimonial administrativa contra el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, paso previo exigido por la ley para demandar al Estado, y en la que solicitan indemnizaciones por un importe de 390.450.000 euros.
En su reclamación, presentada ayer, Avite alega que el ministerio ha hecho dejación de funciones e incumplimiento de la ley en perjuicio de las víctimas por "no haber reconocido ni a un solo afectado de la talidomida en España conforme al protocolo establecido al efecto hace ya 14 meses", ha informado en un comunicado.
Según las víctimas, a pesar de que el procedimiento para el reconocimiento de afectados parte del Consejo Interterritorial de Salud, en una reunión celebrada en noviembre de 2017, "no existe a día de hoy ni un solo afectado reconocido oficialmente".
Además, Avite acusa al Gobierno de "no haber procedido a estudiar la exención fiscal de las ayudas pendientes de recibir por los talidomídicos tal cual exigía una proposición no de ley desde hace más de dos años".
Los afectados se reunieron la semana pasada con la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, quien les informó de que el Gobierno no contempla regular la exención fiscal de las ayudas.
A raíz de esa reunión, Avite anunció su intención de demandar al Estado al considerar que su pretensión es "legítima" y evita agravios comparativos con el resto de afectados del mundo y con víctimas en España de otros daños, como contagiados VIH o la hepatitis C o heridos en accidentes de tráfico o lesionados por negligencias médicas o por el terrorismo.
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