Los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez y los exsecretarios de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina, juzgados hasta el 17 de diciembre por el caso ERE, volverán mañana al banquillo de los acusados procesados por los contratos irregulares a personal de la empresa UMAX en la Junta.
Junto al también exdirector de Trabajo Daniel Rivera -inicialmente investigado en la pieza política del caso ERE aunque la Audiencia archivó la causa contra él- y al empresario de UMAX Ulpiano Cuadrado, están acusados por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad de documento mercantil por la contratación de personal de esta empresa en la Consejería de Empleo para realizar labores de funcionarios, entre ellas tramitar las ayudas de los ERE.
La Fiscalía pide para los cinco ex altos cargos de la Junta 10 años de prisión y 22 de inhabilitación así como ocho años de cárcel para el empresario.
En este juicio ejerce la acusación particular la Junta de Andalucía, que pide para el empresario de UMAX hasta 16 años de prisión mientras que no ha dirigido acusación contra los exdirectores de Trabajo y los exsecretarios de Empleo.
Las defensas alegan que UMAX era una empresa contratada legalmente y que trabajó para diversos departamentos de la Consejería de Empleo y de la Junta.
La investigación de estos contratos se derivó de la macrocausa de los ERE durante la instrucción iniciada por la entonces titular del Juzgado 6 de Sevilla Mercedes Alaya si bien la desgajó como una pieza separada -a diferencia de su rechazo a dividir las piezas relativas a cada ayuda concreta de los ERE como después hizo su sucesora María Núñez- y la envió a reparto, al considerarla ajena a la tramitación de las ayudas.
La causa recayó entonces en el Juzgado de instrucción 10 de Sevilla, que procesó a los seis acusados y abrió juicio oral contra ellos por prevaricación, malversación y falsedad documental.
En el juicio, que comienza mañana en la Audiencia de Sevilla y se prolongará durante un par de meses ya que se han señalado una docena de sesiones separadas, testificarán 70 empleados de UMAX que trabajaron para la Consejería de Empleo entre el 2003 y el 2010 en virtud de un contrato entre la Junta y esta empresa por 1,5 millones para diversos trabajos, algunos reservados a funcionarios públicos según el fiscal.
Entre las personas contratadas había amigos del exdirector de Trabajo Javier Guerrero, uno de los principales acusados del caso ERE ya que era quien concedía las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis bajo sospecha, siguiendo el llamado "procedimiento específico" que según la Fiscalía y las acusaciones era ilegal y fue creado para dar las ayudas de forma arbitraria y sin fiscalización previa.
En el juicio de la pieza política del caso ERE contra 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la Fiscalía y las acusaciones de PP y Manos Limpias han destacado que en la tramitación de estas ayudas no intervenían funcionarios para evitar los controles propios de la administración.
Para ello, han interrogado en el juicio como testigos a varios funcionarios de la Consejería de Empleo en esos años que han ratificado que no intervenían en nada relativo a los expedientes de esas ayudas, a diferencia de otras subvenciones de la Junta.
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