El nuevo Gobierno liderado por Juanma Moreno y Juan Marín, si así lo decide la mayoría parlamentaria en un par de semanas, arrancará con una herencia del anterior Ejecutivo en forma de presupuestos prorrogados y una deuda no contemplada en estas cuentas de 360 millones por sentencias judiciales.
Se trata de las facturas del caso Nevada, por el que la Junta tendrá que hacer frente al pago de unos 200 millones de euros (165 millones más intereses) al promotor del complejo erigido a los pies de Sierra Nevada, por la paralización durante 8 años de las obras, y la de los 160 millones de euros (145 millones más los intereses) por el sobrecoste de las obras de la Línea 1 del metro de Sevilla.
Los tribunales aún deben resolver pleitos en los que la Junta podría verse obligada a abonar otros 550 millones de euros, si fallan en su contra en los casos de Costa Doñana, cuyos promotores reclaman 196 millones, y el almacén de Gas Natural en las inmediaciones del Parque Natural, cuyos promotores cifran el supuesto perjuicio en unos 360 millones de euros.
Sólo las cantidades correspondientes al caso Nevada y al sobrecoste de la Línea 1 del metro sevillano representan unos treinta millones de euros más que el presupuesto completo de la Consejería de Presidencia (330 millones), o cuarenta más que los de las actuales consejerías de Turismo y Cultura juntas, que en las cuentas de 2018 tenían asignados 320 millones, aproximadamente, entre las dos.
Si se suman los 550 millones pendientes de resolución judicial, la roncha sería un 50% mayor que el presupuesto de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (550 millones de euros) o el de la Consejería de Justicia e Interior (600 millones). Los 900 millones tanto como el presupuesto de Fomento y Vivienda y algo más que el de la Consejería de Empleo.
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