Desde la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz "valoramos positivamente que la justicia haya abierto diligencias previas, para la investigación de las actuaciones de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz. Martin Vila, que ha sido llamado a declarar en calidad de investigado, deberá aclarar si sus acciones han sido o no constitutivas de delitos", tal y como se entiende desde los servicios jurídicos de la citada asociación.
Desde el colectivo "nos hubiese gustado que estas situaciones no se hubiesen producido y que la actitud del Ayuntamiento hubiese ido más encaminada en el consenso y en el diálogo. Queda constatada, a nuestro entender, el ensañamiento constante de Vila hacia los empresarios de la playa". Un nuevo ejemplo de la fijación a la que aludimos, lo estamos comprobando en estos días, al conocer que "el Ayuntamiento ha ordenado la retirada de todos los accesos a las playas. Esto no hace sino dificultar el acceso para que los usuarios puedan llegar a nuestras instalaciones, legalmente constituidas".
Cabe recordar que el pasado mes de septiembre, AECCA tras consultar con los servicios jurídicos de la Federación Nacional y la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, así como revisar toda la documentación existente, se consideró sobradamente justificada la presentación de una demanda judicial. En este sentido, se planteó una denuncia vía penal por un presunto delito de prevaricación al entender que desde la citada delegación se estaban dictando resoluciones injustas, entre otras, la incoación de expedientes sancionadores a algunos establecimientos en la arena.
La demanda vino motivada porque "el propio Consistorio pretendía sancionar a los empresarios por la ocupación de las terrazas, al tiempo que permitía ocupaciones sin permisos, como el caso del Cádiz Arena. Una instalación deportiva que además de permitir la venta de bebidas alcohólicas, algo prohibido por ley, no contaba con las autorizaciones previas preceptivas de la administración competente en el Dominio Público Marítimo Terrestre". Por este hecho, percibió el Ayuntamiento una sanción de casi 20.000 euros, que deberán salir del bolsillo de todos los gaditanos.
Además, "pudimos conocer de la mano de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (en información solicitada por los empresarios), que el Ayuntamiento habría infringido el propio PGOU en multitud de ocasiones solicitando modificaciones sustanciales y autorizaciones para ocupaciones superiores a las no permitidas a los empresarios de la plya, con informes técnicos esgrimiendo criterios distintos a los utilizados para los chiringuitos".
Desde AECCA confiamos en la administración de Justicia para "evitar en un futuro la dolorosa situación de inseguridad jurídica y persecución, que durante todos estos meses hemos venido sufriendo". Los empresarios solo pretendemos poder desarrollar nuestra actividad, para dar servicio a los usuarios y nuestro clientes, así como dar estabilidad a nuestra plantillas.
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