El juicio de la conocida como pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares y que ha sentado en el banquillo de los acusados desde el 13 de diciembre de 2017 a 22 ex altos cargos de la Junta, como los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha quedado visto para sentencia este lunes tras un año y cuatro días y 152 sesiones después.
A las 14,14 horas el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, tras el derecho de los encausados a la última palabra, ha dado por concluida la sesión y el juicio visto para sentencia esta pieza separada de la causa de los ERE denominada 'procedimiento específico', compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa.
Desde los últimos días de octubre el juicio ha vivido su fase final, con la exposición de las conclusiones definitivas e informes finales de las partes, Fiscalía, acusaciones del PP-A y Manos Limpias y las 21 defensas, pues cabe recordar que entonces las acusaciones retiraron sus cargos contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa.
Los 21 ex altos cargos están acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. Si bien, algunos de ellos sólo han sido enjuiciados por prevaricación, como Manuel Chaves o los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, y se enfrentan a diez años de inhabilitación.
Por su parte, las solicitudes de pena van desde los seis a los ocho años de prisión para los acusados de prevaricación y malversación, entre los que se encuentra José Antonio Griñán o los exconsejeros Fracnisco Vallejo, José Antonio Viera o Antonio Fernández, así como los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez.
En la fase de conclusiones, el Ministerio Público rebajó de ocho a seis años de prisión la solicitud de pena para dos de los encausados, en concreto el ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina. Por su parte, el abogado de Manos Limpias, Rafael Prieto, retiró la acusación de malversación para todos los acusados y totalmente para Chaves, el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez y ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río.
Termina un juicio en el que, tras la declaración de los 22 acusados --concluyeron en abril--, expusieron su testimonio más de 120 testigos, cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y nueve peritos a lo largo de las 152 sesiones desarrolladas en la vista oral, siendo la prueba estrella del juicio la pericial conjunta.
Esta prueba pericial, que se extendió durante más de seis semanas, mostró las opiniones diferentes y por lo general contradictorias entre los peritos pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y los propuestos por las defensas, y contó con el especial protagonismo del jefe del equipo de la IGAE, Ángel Turrión.
Además, esta prueba, "la base de las acusaciones", según han expresado muchas de las defensas en sus informes finales, ha sido impugnada por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, que ejerce la representación procesal del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, por tratarse de una pericial "judicial". Esta decisión ha contado con la adhesión de gran parte de las defensas.
CONFIADO EN UNA SENTENCIA "JUSTA" TRAS UN JUICIO "JUSTO"
"Respecto al desarrollo del proceso, la dirección ejercida por el tribunal ha sido ejemplar, un modelo a seguir para el resto de macrocausas pendiente de celebración, donde gracias a la libertad con la que se ha permitido ejercer el derecho de defensa, todas las partes procesales hemos podido trasmitir sin cortapisas la totalidad de las tesis que sostenemos", ha expresado Juan Carlos Alférez, abogado de Jacinto Cañete.
En declaraciones a los medios, el letrado defensor ha querido destacar "la humanidad del trato dispensado por la Sala, compuesta por Juan Antonio Calle, Encarnación Gómez y Pilar Llorente, a los acusados, quienes han sido liberados de la terrible pena de banquillo en la mayoría de las sesiones de este largo juicio, lo cual hemos de resaltar e igualmente agradecer", pues durante la fase testifical, pericial y documental estuvieron exentos de la obligación de estar presentes en el juicio, teniendo que volver para las conclusiones y informes definitivos de las partes.
Sobre el fondo del asunto, la defensa de Cañete confía "plenamente en que la sentencia será justa", al igual que estima que "el proceso ha sido justo y celebrado con todas las garantías procesales, sobre una materia a enjuiciar completamente alejada de la materia penal al uso y donde las acusaciones no han logrado probar lo hechos acusatorios objeto de enjuiciamiento", ha concluido.
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