El abogado Manuel Salinero, que ejerce la defensa de la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta por prevaricación y malversación por el procedimiento específico de concesión de ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE), ha solicitado al tribunal que impongan expresamente las costas del juicio a la acusación y "muy especialmente a la del PP".

El abogado de Medina ha concluido este lunes su informe final que la prueba practicada ha demostrado que la ex secretaria general técnica de Empleo "es una persona dedicada al servicio público sin mácula alguna en su actividad". Además, ha afirmado que "su ejemplar dedicación al compromiso contraído con el servicio a la sociedad andaluza, a su mejora, ha marcado su vida", añadiendo que "su incursión en el servicio público se realiza en atención a su mérito y capacidad, que en ningún momento han decaído en su actuación", precisando que "su ejemplaridad ha sido resaltada por cuantos han depuesto en este juicio".

Si bien, el abogado ha considerado que "no basta con la absolución, de la que no cabe duda", para Lourdes Medina en este procedimiento, pues el perjuicio al erario público que constituye el enorme gasto personal y económico invertido en este proceso "podía haberse evitado". "Por eso, y aunque sea algo inusual en un proceso penal, tenemos que pedir que se impongan expresamente la costas del juicio a la acusación y muy especialmente a la acusación del Partido Popular, porque creemos sinceramente y sin lugar a duda alguna que han mantenido una acusación absolutamente injusta respecto a mi representada".

"Para esta parte no es justificable el daño que se le ha causado", ha asegurado, concluyendo con el agradecimiento a la Sala, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, "por el inmejorable trabajo desarrollado en este proceso y la elegancia y paciencia de que han hecho gala", así como a los funcionarios y a la enorme amabilidad de todo el personal que ha colaborado en este proceso.

Salinero, aludiendo a lo que decía Atticus Finch al final de su alegato en 'Matar un ruiseñor', de Harper Lee, ha solicitado "esperanzadamente una sentencia que absuelva a mi representada y acabe con su sufrimiento absolutamente injusto y desmesurado, del que nadie podrá resarcirla nunca".

En su informe final, el abogado ha defendido, entre otras cuestiones, que Lourdes Medina, que se enfrenta a seis años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, "no conoce inadecuación o irregularidad alguna" relativa al uso de las transferencias de financiación para allegar fondos del programa presupuestario 31L desde la Dirección General de Trabajo al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

"NUNCA CONOCIÓ IRREGULARIDAD ALGUNA EN EL 31L"

Ha precisado que la Secretaría General Técnica es un órgano integrado por funcionarios especializados en jefaturas de servicio por cada área funcional de competencia y "ninguno advirtió o conoció irregularidad alguna en el 31L", ratificando éstos que la actuación de Medina "fue siempre irreprochable".

De otro lado, Salinero ha insistido, como ya hiciera el pasado miércoles, que todos los trámites realizados por Lourdes Medina en los hechos que han sido enjuiciados en este proceso "han cumplido estrictamente el procedimiento administrativo normativamente establecido", reiterando que la Secretaría General Técnica " no interviene en los concretos procedimientos administrativos de concesión de ayudas de las Direcciones Generales", precisando que "ninguna actuación de Medina en el expediente de gasto de la transferencia de financiación del 31L produce una salida de fondos públicos de la Hacienda de la Junta".

De otro lado, ha asegurado que la Secretaría General Técnica "no es destinataria de los informes de control que realiza la Intervención General sobre otros órganos gestores de la Consejería", apostillando que Medina "nunca recibió ni conoció los informes adicionales al de cumplimiento de IDEA del ejercicio 2003, ni los realizados por los auditores externos a esta Agencia".

"Por carecer de competencias para ello, no propuso el programa presupuestario 31L ni formula el anteproyecto de Presupuesto de la Consejería de Empleo, no inició ni autorizó la tramitación de sus modificaciones, no intervino ni conoció la gestión administrativa del programa 31L, no organizó el trabajo de personal y no decidió las asistencias técnicas de la Dirección General de Trabajo, como tampoco tuvo ningún tipo de interlocución con IDEA hasta enero de 2011", ha asegurado su letrado.

RECHAZA "INTERÉS PERSONAL" DE MEDINA EN LAS AYUDAS

A este respecto, ha añadido que "ningún interés personal podía tener Medina en consentir una irregularidad en la gestión de fondos públicos de la que no ha obtenido ningún tipo de beneficio personal ni de ningún otro tipo, pues no existen vínculos de parentesco, amistad, conocimiento, filiación, cercanía o vecindad, procedencia geográfica, afiliación política, asociativa o cualquier otra con ningún trabajador o empresa beneficiarios de las ayudas de los ERE, de ningún de los llamados 'intrusos' como beneficiarios de ayuda sociolaboral, de ningún representante de empresa que se haya beneficiado por alguna ayuda del programa 31L o con persona alguna que directamente o indirectamente estuviera interesada en la subvención".

"Ni siquiera cabe hablar de interés por mantenerse en el cargo, tal y como ha quedado probado en fase testifical", ha manifestado el abogado.

De otro lado, Salinero ha analizado las declaraciones de María José Rofa, ex asesora técnica de la Dirección General de Trabajo, así como la documentación aportada por esta a la causa. "Son documentos que carecen de toda validez, al igual que los testimonios interesados y defensivos realizados por Rofa. Resulta especialmente lamentable la declaración de esta persona, claramente lesiva a la verdad y articulada en contra de mi defendida con el evidenciado objeto de salvar su responsabilidad", ha expuesto.

Igualmente, ha defendido que Medina, en el momento de tener conocimiento de las  irregularidades en las ayudas, "actuó inmediatamente velando por la integridad de los fondos públicos". A su juicio, esta circunstancia cobra "una importancia capital acerca del comportamiento, la personalidad y bonhomía de Medina y disipa cualquier mínima duda sobre los hechos enjuiciados".

"Fue ella quien instó el inicio de los procedimientos de revisión de oficio y el inicio de los procedimientos de reintegro de los pagos indebidos con cargo al programa 31L, y colaboró en la regularización administrativa de ese programa", ha concluido Salinero.