En una nota, la entidad Fiscal en Sevilla ha querido aclarar que "hasta el momento, la llamada Fiscalía Anticorrupción no es la competente para el conocimiento de los hechos" y que durante la actuación del Ministerio Fiscal "se mantuvo la oportuna discreción conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".
Así, la Fiscalía ha explicado que la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía remitió al Ministerio Público, el 16 de enero de este año, diversas grabaciones "que pueden constituir la prueba de hechos con trascendencia delictiva".
Al día siguiente se abrieron las correspondientes diligencias de investigación penal y, con la misma fecha y a través de un oficio de la Jefatura de la Fiscalía, se ordenó a la Policía Judicial la transcripción de la conversación contenida en el soporte y la identificación de la totalidad de los componentes de la misma.
Asimismo, según el comunicado, se citó a un testigo y, tras recibir la transcripción de las grabaciones, se ordenó a la Policía Judicial que levantase atestado para el esclarecimiento de los hechos.
Dicho atestado fue recibido el 3 de abril de 2009 y se tomó declaración en Fiscalía a los principales imputados en la investigación.
Antes de mediar tiempo para la práctica de otras diligencias de prueba, y cuando esperaba recibir prueba documental solicitada a la Consejería de Empleo y al Ayuntamiento de Sevilla, el Partido Popular formuló una denuncia el 24 de abril de 2009.
Debido a lo establecido en el artículo 773 de la LECR, la Fiscalía Provincial de Sevilla cesó en sus averiguaciones y envió todo lo actuado al Juzgado de Instrucción competente.
La entidad fiscal ha explicado que considera que el Juzgado de Instrucción competente sigue la línea de investigación que ya fuera iniciada por el Ministerio Fiscal y la amplía basándose en la documentación que había sido previamente pedida y que ha sido incorporada a la causa.
Además, ha añadido que el Ministerio Fiscal interviene -conforme a sus obligaciones procesales- activamente en la tramitación de las Diligencias Previas que han sido incoadas, encontrándose directamente adscrito al despacho de la causa Fiscal especialista en materia económica y en la lucha contra la corrupción, bajo la directa supervisión de la Jefatura.
Con esta nota, la Fiscalía "considera necesario llevar a cabo" estas precisiones "ante diversas manifestaciones públicas que han sido realizadas en torno al caso Mercasevilla".
El PP pide los registros de entrada en la Consejería
Por su parte, el PP-A presentó ayer un escrito en el Parlamento en el que solicita los registros de entrada y salida de las dependencias de la Consejería de Empleo para certificar que Juan Lanzas era el intermediario que, en oficinas de la Junta, negociaba las presuntas comisiones ilegales en el caso Mercasevilla.
Esta petición fue dada a conocer durante el pleno del Parlamento Andaluz por el diputado del PP-A y portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, a quien el consejero de Empleo, Antonio Fernández, acusó de "mentir" y "calumniar" en su intento de dar un "golpe judicial" para acceder a la alcaldía.
Zoido rechazó el motivo argumentado por el consejero la semana pasada en comisión parlamentaria, en la que aseguró que Lanzas ha estado en dependencias de la Consejería como un sindicalista más.
El diputado del PP-A aseguró que es imposible que Lanzas haya estado en oficinas de la Junta como representante sindical, porque "hace mucho tiempo" que ya no lo es, e insistió en que el propio Lanzas asegura que es el "conseguidor".
De este modo, Zoido pidió al consejero que facilite los registros de entrada y salida a su despacho y al resto de dependencias de la Junta, con el fin de comprobar si Lanzas ha estado en estas oficinas, aún no siendo sindicalista.
"Si usted no tiene nada que ver con el 'conseguidor' de Mercasevilla no tendrá ningún problema en que conozca el registro de entrada y salida de su despacho y de todas las dependencias de la Consejería", dijo Zoido.
Además, el diputado del PP-A aconsejó al consejero que si "quiere limpiar el nombre de la Junta", ésta debería querellarse contra los entonces gerente de Mercasevilla, Fenando Mellet, y director adjunto de la empresa pública, Daniel Ponce, o, al menos, personarse en las diligencias.
"Si no está en el ajo, tomé una participación activa en el caso", sostuvo Zoido.
Por su parte, el consejero acusó al diputado popular de "mentir" y "calumniar", algo "muy grave" siendo Zoido juez de profesión, añadió Fernández, quien aseguró además que Lanzas "no ha pisado su despacho nunca desde 2004".
Tras lamentar que Zoido esté siendo el instrumento de su partido para "tapar las vergüenzas de los trajes", el consejero de Empleo recordó que fue la Junta de Andalucía la primera que denunció el caso ante la Fiscalía, por lo que pidió al parlamentario popular que "no se apunte al carro del oportunismo".
Además, le contestó que las querellas "se ponen en el momento procesal oportuno", es decir, según él, cuando se haya tomado declaración a todas las partes implicadas.
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