La patronal DigitalES ha pedido al Gobierno que posponga la aprobación de un impuesto sobre servicios digitales, en línea con la Unión Europea, pero en caso de que su tramitación continúe, ha reclamado que se evite la doble imposición y mayor concreción en los servicios gravados.
Así lo ha manifestado la patronal, que integra a los principales operadores de telecomunicaciones, en sus alegaciones al anteproyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales, cuya audiencia pública acaba de finalizar.
Para la asociación, España "se queda sola" en la tramitación de este nuevo impuesto que, a su juicio, "ya no responde ni al consenso ni a la urgencia que la Unión preveía en su momento", teniendo en cuenta el nuevo escenario en la Unión Europea, después de que Francia y Alemania hayan propuesto aprobar la tasa digital pero no aplicarla hasta 2020.
En caso de que el Gobierno prosiga con la tramitación del anteproyecto de ley, DigitalES ha expresado su preocupación "por la ausencia de un límite temporal" en su aplicación, "teniendo en cuenta que su implantación sólo puede concebirse como un tributo transitorio".
Además, la patronal ha considerado que este nuevo impuesto se acumularía a la tributación por el impuesto de sociedades en caso de entidades residentes y establecidas en España, "generándose una situación de doble imposición intolerable".
La asociación ha pedido "concreción", además, en algunas actividades que estarían gravadas y ha hecho referencia en concreto a los "servicios de transmisión de datos”, frente a “la transmisión de los datos recopilados acerca de los usuarios” que recoge la propuesta de Directiva.
"La diferencia de matiz es notable y supone desconocer que la trasmisión de datos es una actividad central del negocio, por ejemplo, de las telecomunicaciones. La norma actualmente en discusión deberá definir esta cuestión de manera que no expanda el hecho imponible a datos que no han sido generados por la actividad del usuario", ha apuntado DigitalES.
La patronal también ha considerado que es "difícil adivinar la lógica" para llegar a la cifra de 100 millones de euros que aportarían las empresas de telefonía, según se recoge en la memoria económica, "a no ser que dichas actividades resulten suficientemente difusas para estar sujetas a interpretación del órgano tributario".
También ha calificado de "arbitrariedad" que, según la disposición final tercera, los supuestos de no sujeción o el tipo impositivo puedan ser modificados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
"No es de recibo que una ley de este calado pueda ser modificada anualmente según los intereses políticos o necesidades presupuestarias de cada momento. Una arbitrariedad que sepulta cualquier principio de seguridad jurídica, eficacia, proporcionalidad y transparencia, además de dejar en muy mal lugar la imagen de España en el exterior", ha afirmado la patronal.
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