El Gobierno andaluz dejaría de ingresar
más de 400 millones de euros cada año si, como han propuesto los
empresarios, se suprimiera el tan traído y llevado en las últimas semanas
impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
La decisión última del
Tribunal Supremo de hacer recaer en el cliente el pago de este impuesto, que grava la firma de las hipotecas ante el notario, en vez de que lo paguen los bancos ha generado gran controversia, incluso política, con un
año electoral en ciernes, que arrancará el próximo 2 de diciembre con las elecciones andaluzas.
La presidenta de la Junta,
Susana Díaz, mostró días atrás su “desconcierto” por la actuación del Tribunal Supremo dando marcha atrás a una decisión anterior que obligaba a los bancos a asumir el pago del impuesto en cuestión. Incluso anunció un "paquete de medidas" para "paliar los efectos" que la decisión del Alto Tribunal pudiera tener sobre las hipotecas. Y al presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, le ha faltado tiempo para aprobar un
decreto que libere a los ciudadanos y obligue a los bancos a asumir el impuesto.
Dejando a un lado que la decisión del Supremo, en último caso, ha dejado las cosas como estaban (es decir, que no tendrá efectos reales sobre las hipotecas que paliar), lo que ningún partido está dispuesto a hacer es suprimirlo, como ha pedido la patronal. El impuesto sobre actos jurídicos documentados es uno de los
impuestos cedidos a las comunidades autónomas para su financiación.
Son éstas, precisamente, las que fijan el tipo que se aplica. Este oscila
entre el 0,5%, que es el mínimo que establece el artículo 31 del Real Decreto Legislativo 1/1993,
y el 1,5%, que es el tipo más alto que se aplica en España. Y es en
Andalucía, aunque también en otras comunidades autónomas, donde el impuesto es más alto.
Grandes diferencias
Esto implica
diferencias del triple entre comunidades como el País Vasco y Navarra, que aplican el tipo más bajo, y Andalucía, Aragón, Murcia y Galicia, que aplican el más alto. En una
hipoteca media de 130.000 euros, esta diferencia se traduce en que los andaluces pagan 1.300 euros más por el impuesto que los vascos o navarros, y
casi mil euros más que los ciudadanos madrileños.
La Junta de Andalucía
presupuestó para 2018 un total de 416.657.619 euros de ingresos sólo por el impuesto sobre actos jurídicos documentados. En 2017 se ingresaron 394.071.254 euros, lo que supone que la Junta contempló una subida de los ingresos por este impuesto del 5,7%.
Hasta 2012, el tipo que se aplicaba en Andalucía era del 1,2%. Ese año la Junta ingresó 573.800.910 euros por este impuesto.
Pero la crisis a partir de ese año fue absolutamente demoledora.
Cayeron las hipotecas, porque cayó la venta de viviendas. Y para compensar esa caída en los ingresos, la Junta a partir de 2013 subió el tipo hasta el 1,5%.
La presidenta de la Junta aseguraba hace sólo unos días que era
"de justicia que los bancos los que asuman esos impuestos", porque no han devuelto lo que pagaron "todos los españoles para su rescate", dijo. Coincide, en este sentido, con el presidente del Gobierno. Pero por la cabeza de ninguno pasa renunciar a cobrar este impuesto.
