El Sindicato Profesional de Justicia y la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO) convocan huelga general en la Administración de Justicia el próximo día 16 de noviembre y hacen un llamamiento a todos sus afiliados y simpatizantes para que la secunden. Igualmente, convocan a todos aquellos trabajadores que puedan desplazarse hasta Madrid para que secunden la protesta. Al mismo tiempo, convocan concentraciones de repulsa que hasta el mismo 16 de noviembre, desde las 10.00 a las 1030 horas a las puertas de los distintos edificio judiciales.
SPJ-USO recuerda que actualmente se está tramitando vía parlamentaria una proposición de Ley para la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que ya se ha aprobado en el Congreso y que va a pasar el oportuno trámite en el Senado. Esta reforma, cuya finalidad inicial era la de modificar la LOPJ en el sentido de restituir los nueve días de asuntos particulares que siempre habían disfrutado los funcionarios de Justicia, “ha sido utilizada por los gobiernos de turno (primero el del PP, que inició la tramitación parlamentaria y ahora el del PSOE que pretende hacerla efectiva) para hacer ‘Tabla Rasa’ de importantes derechos laborales, empezando por una nueva modificación del artículo 521 LOPJ (la segunda tras la primera modificación que facilitaron algunos sindicatos en 2009) que acaba con cualquier concreción de nuestros destinos”, señalan los funcionarios de Justicia en nota pública.
Así, “se entenderá por centro de destino el conjunto de puestos que radiquen en el mismo municipio”. Esto supondrá, según el sindicato, que la Administración “podrá mover arbitrariamente a los funcionarios de Justicia y sin ningún tipo de restricción entre cualquier destino dentro del municipio. Esto es movilidad, flexibilidad y arbitrariedad a la carta, sin más explicaciones que la consabida frase “por necesidades del servicio”.
SPJ-USO suma que, “además de este brutal ataque contra la concreción y seguridad de los destinos, esta reforma parlamentaria también incluye otras modificaciones muy perjudiciales, entre ellas que “la adscripción de jueces de refuerzo no conllevará, por Ley, el aumento de funcionarios; es decir la misma plantilla tendrá que realizar el doble de trabajo en muchos casos. Sólo se sustituirán las plazas ocupadas por titulares y no por interinos. Esto en determinados destinos donde la plantilla es mayoritariamente interina, producirá el colapso de los órganos afectados. El personal de refuerzo interino será cesado en el plazo máximo de seis meses, aun cuando persistan las causas que motivaron su nombramiento. Sin embargo no se modifica el artículo 504.5 de la LOPJ, que es el que regula el descuento salarial que si ha sido eliminado de la normativa del resto de la Administración”, señala el sindicato.
Las mismas fuentes señalan que “ante la gravedad del ataque a nuestros derechos laborales, desde la ejecutiva estatal de SPJ-USO se han dirigido escritos a los responsables de otros sindicatos para promover un frente común, no sólo con nosotros, sino con todos los sindicatos que están implantados en Justicia en el territorio nacional, incluidos los de ámbito exclusivamente regional. La respuesta a nuestra misiva, de momento, sólo ha venido de la mano de uno de ellos en el sentido de que previamente a ello, desde SPJ-USO teníamos que retirar las críticas que realizamos contra la actuación que dichos sindicatos tuvieron en 2009 al facilitar la primera gran modificación del artículo 521”, apunta el comunicado público.
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