Actualizado: 18:59 CET
Sábado, 17/11/2018

Jerez

“Hay quien no quiere escuchar la verdad, y daré todos los detalles”

Una empleada municipal, imputada en la pieza jerezana de la trama Gürtel, reconoce en su Facebook que teme por su vida

  • Documentación sobre Gürtel Jerez

“Hay quien no quiere escuchar la verdad, que me quitan del camino por ello y que por tanto estas palabras sirvan como prueba de tales punibles”. Son palabras de L.M.P., una de las técnicos municipales imputadas en la pieza separada de la trama Gürtel en Jerez, que abordará a partir del próximo 6 de mayo en sede judicial las adjudicaciones presuntamente irregulares realizadas por el Ayuntamiento de Jerez a empresas vinculadas con Francisco Correa en el marco de Fitur 2004.

En un mensaje publicado en su Facebook personal, alude a que “son demasiadas muertes relacionadas con una larga lista de fallecidos en extrañas circunstancias que afectan y están relacionados con la trama Gürtel”, y pone como ejemplo directo la muerte de Isidro Cuberos, encargado de mediar entre el Ayuntamiento de Jerez y las empresas de Correa, y que perdió la vida en un accidente de tráfico cuando cayó por un barranco en 2015.

Cuberos era, en este sentido, una pieza clave de cara al desarrollo del juicio de la pieza separada de Gürtel-Jerez, pero, como argumenta la empleada municipal en su mensaje, “no podrá declarar en el juicio. No podrá señalar a nadie”.

A partir de ahí, L.M.P. expone que si hace “pública esta fuente de información periodística” es “para declarar que estoy deseando poder defender mi persona, mi honor y mis apellidos con todo lujo de detalles y que, si por «casualidades del destino», no llegara a poder hacerlo, deciros que hay quien no quiere escuchar la verdad, que me quitan del camino por ello y que por tanto estas palabras sirvan como prueba de tales punibles circunstancias”. 

Cuando hace alusión “al resto de casos”, alude directamente a una serie de informaciones publicadas en internet a lo largo del último año y en las que se da cuenta del fallecimiento de hasta 13 personas relacionadas con los encausamientos de la trama Gürtel, y que son las que le han llevado a la publicación de dicho mensaje.

El mensaje coincide además con el anuncio de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha fijado para el próximo 6 de mayo el inicio del juicio de la trama jerezana de Gürtel. Esta vista oral, que se prevé que se alargue hasta principios de julio, será la cuarta pieza que la Audiencia Nacional juzgará contra la trama corrupta liderada por Correa, que ya se encuentra cumpliendo los 70 años de prisión que suman las condenas por otras piezas ya juzgadas, como la primera época de la trama Gürtel (51 años y 11 meses), la participación de la Generalitat Valenciana en Fitur entre 2005 y 2009 y por la financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana.

En este caso, el cabecilla se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión por las tres presuntas adjudicaciones irregulares que realizó el consistorio jerezano en 2004 a sus empresas para la promoción de la ciudad en Fitur, cuyo importe total suman 355.391 euros. También serán juzgadas dos interventoras municipales; el que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad; la empleada municipal L.M.P., y un antiguo secretario del Ayuntamiento.

A la espera de que ni siquiera haya juicio

Entre los abogados que representan a las cinco personas imputadas en Jerez se encuentran Juan Pedro Cosano y Manuel Hortas, que ya han coincidido públicamente al señalar que confían en que “ni siquiera haya juicio”, como ya expresaron en estas mismas páginas a raíz del archivo de las acusaciones realizadas contra la exalcaldesa, María José García-Pelayo, por falta de indicios de responsabilidad penal.

Cosano, en declaraciones a Ondaluz TV, ya expuso que tras ordenarse la apertura de juicio oral por esta trama, los procesados solo aguardaban al señalamiento del mismo, producido este pasado martes, y se mostró optimista sobre el final de este procedimiento, por el que los investigados se enfrentan a una petición de penas que van de los dos a los siete años de cárcel.

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