El consejero andaluz de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, ha cifrado hoy en unos 300.000 los afectados en Andalucía por un fallo del Supremo que dicte devolver el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) cobrado a los clientes hipotecados y un saldo de 600 millones de euros.
De Arellano ha matizado, a preguntas de los periodistas, que estas cifras se corresponden con un fallo del Supremo que dictaminase un período de retroactividad de la devolución del IAJD de cuatro años y ha pedido "no especular" hasta tanto se conozca "la literalidad" de la resolución judicial.
Ha abogado por que el alto tribunal redacte una sentencia "clara", que explicite "exactamente" cómo deben de actuar las administraciones y que aporte "certidumbre y serenidad", a la vez que ha asegurado que la Junta de Andalucía priorizará la defensa de los intereses de los ciudadanos.
Preguntado por el impacto económico que esta devolución pudiera tener en la finanzas de la Junta de Andalucía ha matizado que este asunto "no es un problema de la Junta de Andalucía, sino de España, en su conjunto", por lo que concierne al Gobierno central.
"El Gobierno de España ya ha expresado que pondría medidas para ayudar a atender esta situación; dependiendo de la literalidad de la sentencia, a continuación de la devolución a los ciudadanos de las cantidades habría que ver si se reclama y cómo se reclama a las entidades bancarias; hay un periodo intermedio en el que la Administración es la que va a soportar las tensiones financieras y tenemos que saber cómo contar con la ayuda del Gobierno de España para poder superarlas", ha explicado.
El consejero ha destacado que la Junta de Andalucía colaborará con diligencia en la devolución de las cantidades que determine el Supremo, pero ha advertido de que este impuesto es "estatal" aunque esté cedido a las comunidades autónomas, por lo que ha insistido en que la responsabilidad del cumplimiento de esta sentencia le corresponde al Ejecutivo central.
En su opinión, el fallo judicial afectará a la "regulación estatal" de las hipotecas y causará "un menoscabo" en los ingresos de las comunidades "que tiene que ser tenido en cuenta" en el modelo de financiación autonómica.
El consejero ha realizado estas declaraciones antes de clausurar un encuentro sobre gobierno corporativo en el sector empresarial de Andalucía, organizado por la Fundación EY y Bussiness School en la Cámara de Comercio de Sevilla.
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