El juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha continuado este miércoles con la evacuación por las defensas de sus conclusiones definitivas, alegando la mayoría "un déficit de concreción" en los hechos imputados a los enjuiciados en las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y acusaciones particulares.
"Déficit de concreción, insuficiencia, vaguedad, inconcreción o generalidades" son algunos de los términos usados por los abogados de las defensas en sus intervenciones para elevar a definitivas sus conclusiones, en las que piden la absolución de sus representados, y expresar las modificaciones introducidas, lo que a juicio de Víctor Moreno Catena, abogado defensor de la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, "impide la defensa" de su clienta.
Por su parte, el abogado del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías ha elevado a definitivas sus conclusiones, introduciendo algunas modificaciones. Así, además de defender la actuación de su cliente y pedir la libre absolución, ha alegado la vulneración del derecho al juez natural predeterminado por la ley, en referencia a la actuación del juez de refuerzo Álvaro Martín. Cuestión está ya rechazada por la Sala, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, en fase de cuestiones previas.
Igualmente, ha anunciado que impugna la prueba pericial conjunta desarrollada en la vista oral durante 26 sesiones, al considerarla "nula de pleno derecho por vulnerar las normas que impiden una pericial judicial". En la misma participaron tres peritos de oficial judicial pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), así como dos peritos propuestos por las defensas del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, otros dos por la defensa de Martínez Aguayo, uno por la de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez y otro perito a propuesta de la representación legal del exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
Según el letrado del exvicepresidente de la Junta, que este miércoles ha sustituido al abogado Gonzalo Martínez-Fresneda en la defensa de Zarrías, la prueba se ha practicado como una pericial judicial y cuyo contenido fue "clarificar al tribunal la ley, explicar participación de los acusados, su conocimiento o la conducta que debieron tener". Aludiendo a una sentencia del Tribunal Supremo, supone "un asesinato alevoso del principio 'iura novit curia' (aforismo latino que significa 'el juez conoce derecho').
De otro lado, el abogado José Manuel Herrera, que defiende al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, ha sido uno de los más insistentes en "la falta de concreción, insuficiencia y vaguedad de los hechos imputados en los escritos de conclusiones de la Fiscalía y las acusaciones". "De acuerdo con la jurisprudencia constitucional y penal, esa insuficiencia genera indefensión y vulnera el derecho de defensa recogido en la Constitución Española".
Igualmente, ha apuntado que se vulnera los principios de seguridad jurídica y de legalidad penal.
Por otra parte, como ya hiciera en la fase de cuestiones previas, donde fue rechazado, ha expuesto la prescripción de los hechos que acarrean el delito de malversación imputado a algunos de los enjuiciados, y por ello también del de prevaricación.
Precisamente sobre el delito de malversación, Herrera ha manifestado que el Ministerio Fiscal "mantiene su oposición" al archivo de las actuaciones frente a los altos cargos acusados en esta causa en las piezas separadas de los ERE que instruye el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, lo que supone "una vulneración del derecho al juez competente" y un doble enjuiciamiento que vulnera el derecho de defensa.
