La consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, desveló ayer que la Junta percibirá para los Presupuestos de 2010 un 15% menos de las entregas a cuenta que le corresponden por su participación en el IRPF, IVA e impuestos especiales, lo que les obligará a “priorizar medidas” y realizar un importante esfuerzo de austeridad, rechazando el plan propuesto por el PP al considerarlo “sin fundamento”.

Martínez Aguayo no quiso adelantar cifras sobre los Presupuestos para el próximo año, que se ofrecerán a lo largo del mes de octubre, pero sí quiso confirmar que se realizará “un importante esfuerzo de priorización de las medidas y de austeridad sin tocar el gasto social”, un escenario que reconoció, en declaraciones a este periódico, bastante complicado y que obligará a reducir las partidas asignados a proyectos no incluídos como prioritarios por el presidente de la Junta.

Además, la consejera desveló que el próximo año las entregas a cuenta por parte del Estado, correspondientes a los impuestos (IRPF, IVA y especiales) se verán reducidas, según les han confirmados desde el Gobierno central, en un 15%, lo que podría traducirse un una cuantía superior a los 1.913 millones de euros, si se tiene en cuenta que el pasado año este apartado ascendió a 12.754 millones de euros y que ya había registrado el año anterior otro descenso del 7,4%.

También consideró imposible que, manteniendo el gasto social, se pudiera conseguir una reducción del gasto en 2.500 millones de euros aplicando el Plan de Austeridad planteado por el PP. Así, la consejera fue clara al considerar que este plan muestra “un total desconocimiento de la estructura del presupuesto y no tiene fundamento”, calificando la cifra de 2.500 millones de euros de “propagandística y nada más”.

Reiteró que no se va a modificar el sistema fiscal ni se plantean cambiar el sistema impositivo autonómico, ya que la Junta no tiene competencias ni en IRPF ni IVA, los impuestos con mayor nivel recaudatorio, ni tampoco en los impuestos especiales, y sólo habría margen de maniobra en el resto de impuestos.

Aseveró que en los impuestos que en teoría se podrían modificar como transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados "a cualquiera se les le ocurre pensar que no es el momento para incrementar la imposición de estos impuestos, por lo que no hay ninguna voluntad de modificarlos".

La Agencia Tributaria iniciará su trabajo en enero de 2010

La consejera de Economía presentó ayer el decreto de aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, del Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía, con lo que se cumple el requisito para su puesta en funcionamiento, que se hará de forma progresiva a primeros de enero de 2010 y que no supondrá ´ningún gasto adicional ni en cuanto a su estructura ni al cometido que llevará a cabo.

La Agencia asume la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los impuestos propios y de los estatales cedidos totalmente a la comunidad autónoma; la potestad sancionadora en materia tributaria y la recaudación en vía ejecutiva de todos los ingresos de derecho público, así como otras atribuciones que, en su caso, le puedan ser delegadas en relación con los tributos locales.

Según la consejera, el nuevo ente prestará una atención prioritaria al ciudadano para ahorrarle burocracia y facilitarle transparencia en la información y la mayor comodidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La Presidencia de la Agencia corresponde a la persona titular de la Viceconsejería competente en materia de Hacienda y la Vicepresidencia a la persona titular de la Secretaría General del mismo ámbito.

Por su parte, el Consejo Rector estará compuesto por diez miembros, nombrados a propuesta de la Junta de Andalucía.

Se establece una estructura de servicios centrales y territoriales; los primeros, con sede en Sevilla, están integrados por los departamentos de Organización y Gestión de Recursos, Aplicación de Tributos e Innovación Tecnológica y Análisis de la Información y los segundos se encargan a las denominadas Coordinaciones Territoriales en cada una de las provincias, donde los delegados de Economía y Hacienda ostentarán la representación ordinaria de la Agencia.