La defensa de Luis Cruz, exgerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha solicitado a la Fiscalía la apertura de las diligencias oportunas de cara al esclarecimiento de los hechos que motivaron que el Ayuntamiento no remitiera a los juzgados el expediente completo del caso de los Huertos de Ocio, quedando curiosamente fuera del mismo el documento que acredita que Xera Promociones abonó al Consistorio el importe correspondiente a la diferencia de la valoración de las fincas permutadas.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía se recuerda que en octubre de 2007 -y en el proceso de diligencias previas que dieron lugar a la incoación del procedimiento- se requirió al Ayuntamiento una “copia completa” del expediente de permuta de las fincas. Apenas unas semanas después, el Consistorio remitió a los juzgados un expediente que se suponía “completo” pero en el que no existía constancia alguna de que Xera Promociones hubiese pagado la diferencia de valor entre las fincas permutadas.
Es la ausencia de ese documento la que justifica que Luis Cruz resultase condenado por estafa por la Audiencia Provincial, lo que acarrea una pena de prisión y el abono de la cantidad que supuestamente el Ayuntamiento había dejado de percibir.
Sin embargo, el pasado 2 de octubre desde el propio Ayuntamiento se facilitaron al exgerente de la GMU los talones de cargo que demostraban el pago de las cantidades acordadas, un hallazgo que puede dar un vuelco notable al caso.
La defensa de Luis Cruz entiende que en un caso como este “no cabe descartar que la ocultación” de esta prueba a los tribunales, “a los que supuestamente se había remitido el expediente completo, hubiera podido estar motivada por espurios intereses que persiguiesen el desprestigio y eliminación de la vida pública de un personaje político”, el exalcalde Pedro Pacheco, llevándose por el cambio a su propio cliente.
La ausencia de estos documentos “ha propiciado” según la defensa que el tribunal sentenciador “haya incurrido en un error”, habiendo condenado por estafa a su cliente, un delito que exige la existencia de un perjuicio, estableciendo como responsabilidad civil a satisfacer por los condenados “una suma que ya se encuentra satisfecha”. Por todo ello se solicita la apertura de las diligencias oportunas que conduzcan al esclarecimiento de estos hechos, ordenando en su caso la práctica de las diligencias de investigación oportunas y adecuadas a la naturaleza de los posibles delitos, a su gravedad y a la posible alarma social creada.
El Ayuntamiento remitió el expediente al juzgado en noviembre de 2007, ya con Pilar Sánchez como alcaldesa y gobernando en solitario con mayoría absoluta.
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