Vamos Granada ha pedido que se investigue la posible responsabilidad derivada de la que ha considerado una "serie de negligencias" del caso Nevada, en el que la Junta de Andalucía ha sido condenada a indemnizar al promotor del centro comercial de Armilla (Granada) con 165,6 millones de euros.
La formación ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Granada en la que propone instar a la investigación en el Parlamento andaluz para depurar las responsabilidades administrativas y políticas por las "actuaciones y omisiones" cometidas en la causa.
También solicitar al Tribunal de Cuentas, por ser el órgano competente para ello, la investigación de las "negligencias" que han conducido a esta indemnización millonaria al objeto de depurar las responsabilidades contables que correspondan y presentar los hechos ante la Fiscalía.
Los acuerdos que Vamos Granada propone incluyen un informe económico, en colaboración con las federaciones de comercio, en que se calcule el impacto del centro Nevada en la economía, que ya advertía el informe negativo de actividad comercial, y reclamar según su resultado a la Junta de Andalucía su compensación mediante un plan de emergencia para este sector.
Marta Gutiérrez, portavoz de la formación, ha recordado que se ha vuelto a confirmar tras el rechazo del Supremo al incidente de nulidad planteado por la Junta, la condena a la administración autonómica por la paralización de las obras del centro comercial en el seno del recurso contencioso interpuesto contra la licencia de obras.
"Esta indemnización es consecuencia de dos negligencias por parte de la Junta de Andalucía: la primera recurrir fuera de plazo la licencia de obras; y la segunda no acudir al juicio de la demanda del promotor, impidiendo que se pudiera tener en cuenta el informe elaborado en que se reflejaban argumentos obvios en defensa del interés público", ha indicado.
Gutiérrez ha denunciado además que la apertura del Nevada ha perjudicado además gravemente al interés público, a Granada y a su tejido económico, tal como advertía el informe negativo y vinculante emitido por la propia Junta de Andalucía, sin que se haya compensado a los comercios y empresas afectadas.
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