El tema de actualidad es que la Junta de Andalucía dice no conocer que en los Centros Educativos Públicos y, sobre todo privados, se les pide a las familias dineros y materiales al inicio de curso, e incluso a lo largo del curso. Nada menos que la propia Presidenta de la Junta negó que se supiera en la Consejería de Educación que se cometen irregularidades al pedir ilegalmente a las familias aportaciones dinerarias y en especie (materiales, folios, papel higiénico, toallitas, jabón, pinturas…)
Hasta más de 500 euros le supone a una familia acometer el inicio de curso, ya que se suman a la compra de materiales (listados larguísimos por todos conocidos) libros de texto, cuadernos de ejercicios, prendas de vestuario,…
La Inspección de Educación desde siempre, pero con mayor insistencia desde los cursos 2012 y 2013, ha venido supervisando la petición de materiales a las familias, informando puntualmente tanto a los centros como a las autoridades educativas de las irregularidades encontradas.
La Junta de Andalucía, negligentemente, hace dejación de sus funciones supervisoras y de control económico, al no someter a auditorias los gastos que se realizan en los centros. De forma que entran dineros y materiales no justificables contablemente y por tanto ilegalmente en los centros educativos, más en los privados que en los públicos. Y ello con el consentimiento de quienes políticamente dirigen la Educación Pública andaluza, ya que los dineros y materiales que aportan las familias alivian los gastos de funcionamiento de los centros a los que los recursos económicos que aporta la Junta de Andalucía les vienen muy cortos.
Corto les viene también a los Ayuntamientos el dinero que pueden presupuestar para el mantenimiento de las instalaciones de los Centros de Educación Primaria e Infantil. Y es que todas las personas conocen que cuando pasa el tiempo por las instalaciones están se deterioran cada vez más. Y la Junta de Andalucía no pone ni un euro en estos menesteres. De esta guisa cuando, por falta de recursos, se va demorando en el tiempo el mantenimiento los daños estructurales son mayores y al final los centros viven un autentico peloteo entre Delegaciones Provinciales de Educación y su Ayuntamiento ya que se tiran la responsabilidad de acometer las reparaciones necesarias argumentando que es responsabilidad de la otra institución.
No sería mejor que todos los gastos de las familias en materia educativa fuesen desgravables y que aquellas que no pueden aportar reciban las ayudas públicas precisas para ello. De esta forma solo las comunidades educativas gestionarían los dineros de los impuestos para aplicarlos directamente a sus necesidades, sin depender de los políticos de turno. Pero eso es otro modelo que da verdadero poder a la ciudadanía y no el secuestro actual de la voluntad de la misma. Porque ¿no es eso lo que hacen las familias cuando aportan dineros y materiales al centro, además de pagar sus impuestos?
Fdo Rafael Fenoy
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