La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha firmado este lunes el decreto de disolución del Parlamento y la convocatoria de las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán el 2 de diciembre, casi cuatro meses antes del final de la X Legislatura.
Susana Díaz, que ha reunido a su Gobierno en una sesión urgente y extraordinaria para comunicarle su decisión, tampoco agotó la anterior legislatura, cuando convocó elecciones a los tres años de iniciarse, tras romper en 2015 el pacto de gobierno suscrito con IU.
La presidenta ha comparecido, según ha dicho, para explicar las razones del adelanto electoral. Y entre ellas se refirió a la falta de estabilidad, a evitar una "campaña electoral de 5 o 6 meses", y a la "necesidad de celebrar unas elecciones en andaluz", lo que la inminencia de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, y tal vez las elecciones generales, haría imposible, en opinión de la presidenta.
Díaz culpó a la oposición, especialmente a Cs ("El PP nunca ha apoyado unos presupuestos e IU, aritméticamente, no cuenta", dijo), de la imposibilidad de sacar adelante unos presupuestos. "Hemos disfrutado de tres años de estabilidad y hemos podido aprobar tres proyectos de presupuestos. Pero ya no es así".
Negó, en cualquier caso, que su previsible comparecencia ante la Comisión de Investigación de la Faffe tuviera relación alguna con el adelanto electoral, que calificó de "técnico", y recordó que "algunos llevan 15 meses hablando de adelanto electoral y la Comisión de Investigación se ha creado hace un mes".
El decreto de disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones andaluzas entrará en vigor este martes, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), y en él se fija también las fechas de la campaña electoral (del 16 al 30 de noviembre) y de Constitución del nuevo Parlamento, que será el 27 de diciembre.
Díaz culpa a Cs de la falta de inestabilidad, aunque el pacto se rompió por la negativa del PSOE a abordar determinados asuntos que formaban parte del acuerdo de investidura.
Elecciones marcadas por la corrupción
La corrupción en Andalucía no ha hecho, tradicionalmente, mella en los resultados del partido en el Gobierno. En este caso, el PSOE, ininterrumpidamente, desde que se estrenara la autonomía en 1982. Pero tampoco tiene Susana Díaz necesidad de jugar con fuego y terminar quemándose. Uno de los objetivos perseguidos por Susana Díaz con el adelanto electoral, aunque formalmente lo niegue, es alejar la corrupción del debate electoral.
Con el juicio del caso ERE próximo a terminar, esto será casi inevitable. Pero, al menos, evita que el fallo de la Audiencia de Sevilla, de ser condenatorio para los antiguos responsables autonómicos que se sientan en el banquillo, condicione la campaña.
Con el caso de la antigua Fundación Faffe ocurre algo similar. La oposición va a seguir tirando del hilo de un caso que cada día, según se van conociendo nuevos datos, se vuelve más y más escabroso, para intentar sacar rédito electoral. Pero disolviendo el Parlamento, Díaz se garantiza, al menos que la Comisión de Investigación creada para aportar luz a los escándalos en esta Fundación dependiente de la Consejería de Empleo se queda en nada.
Ya evitó el PSOE que se debatiera en el pleno del Parlamento la necesidad de crear esta comisión cuando, en una jugada de prestidigitación política, retiró su escrito de oposición a la creación de la misma, solicitada por el PP. La Comisión, por tanto, se creó sin debate, pues todas las formaciones coincidieron, al menos formalmente, en apoyarla. E incluso dio sus primeros pasos, también con polémica, al imponer el PSOE su mayoría parlamentaria para hacerse con la presidencia de la Comisión.
De poco servirá. Al disolverse el Parlamento, de forma automática quedan disueltos también todos los órganos de extracción parlamentaria, incluida la Comisión. Lo que no podrá eludir la presidenta de la Junta y candidata socialisa a revalidar el cargo, Susana Díaz, es su comparecencia ante la Comisión de Investigación creada en el Senado para investigar la presunta financiación irregular de los partidos.
El PP pidió su comparecencia para preguntarle por los casos de corrupción que afectan a la administración autonómica, y la presidenta está obligada a comparecer. Lo hará el 8 de noviembre, una semana antes del inicio de la campaña electoral. Si hubiera convocado las elecciones el 25 de noviembre, en los informativos del día 8 se hubiera mezclado su comparecencia con el arranque de la campaña.
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