El juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares entre los años 2001 y 2010 continúa este lunes con las preguntas de la acusación particular de Manos Limpias y los abogados de las defensas a los nueve peritos que participan en la prueba pericial, que ya alcanza su quinta semana.

Tras el interrogatorio del PP-A, que durante algunos momentos generó cierta tensión entre los abogados de la acusación, las defensas y los propios peritos de parte, llega el momento del abogado de Manos Limpias. Con las preguntas del letrado Rafael Prieto se cierra el turno de las acusaciones para pasar al de los acusados.

Según fuentes consultadas por Europa Press, el interrogatorio de los abogados de los acusados podría extenderse durante dos semanas. En principio, tras la conclusión de la prueba pericial con los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y los seis propuestos por las defensas, estaba prevista la práctica de la prueba con dos peritos de la Dirección General de Seguros, aunque la Fiscalía, las acusaciones particulares y tres de las cuatro defensas proponentes, han renunciado a la misma.

La decisión del tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, a este respecto está a la espera de que se pronuncie al respecto la defensa del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, ausente en la última sesión del juicio.

Precisamente durante la misma, los letrados de los acusados plantearon a la Sala un tiempo para preparar los informes de las defensas una vez concluya la fase documental, algo que fue rechazado por el tribunal.

EL RELOJ INTELIGENTE Y LAS ACUSACIONES DE PLAGIO

Más allá del debate sobre los conceptos económicos, financieros y jurídicos que una y otra vez se repiten entre los peritos, la semana ha estado marcada por dos cuestiones como han sido las acusaciones de plagio del PP-A a los dos peritos propuestos por la exconsejera de Hacienda y exviceconsejera del ramo Carmen Martínez Aguayo y por la petición del tribunal a los peritos de poner sus móviles en modo avión para evitar conversaciones con los abogados.

Así, la sesión del miércoles comenzó con la petición del magistrado-presidente a los peritos para que pusieran "sus dispositivos móviles en modo avión", después de que en la sesión de tarde el abogado del PP-A, Luis García Navarro, acusara al letrado José María Mohedano, que ejerce la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, de mandar mensajes al "reloj inteligente" de uno de sus peritos.

Ya entonces el magistrado Juan Antonio Calle Peña pidió a los nueve peritos que apagaran sus "móviles y aplicaciones de mensajerías" para evitar que los letrados se pudieran comunicar con ellos durante el desarrollo de la sesión.

Decisión que tomó tras acusar García Navarro a Mohedano de mandar mensajes al "reloj inteligente" de uno de los peritos propuestos por esta parte, pues, a su juicio, éste estaba haciendo "indicaciones" a sus peritos, Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago, para que "miraran su reloj porque le ha mandado un mensaje".

Mohedano protestó y afirmó que el abogado del PP "hace continuas alusiones a su persona" y negó que hubiera mandado un mensaje a sus peritos. Los abogados del PP-A tienen "una cosa obsesiva contra mí", dijo el abogado de la defensa.

El miércoles, García Navarro acusó a los peritos Juan Antonio Carrillo y Juan de Dios Jiménez, propuestos por la defensa de Martínez Aguayo, de "plagiar" parte de su informe pericial con el libro de actas de la comisión de investigación de las ayudas de los ERE en el Parlamento andaluz.

Carrillo, entonces, ha advertido de que "el plagio es un delito" y ha preguntado a la acusación particular a qué documento se refería, siendo el libro de la comisión de investigación de las ayudas de los ERE en la Cámara autonómica, según García Navarro. "Todos los documentos usados están citados", ha asegurado el perito.

El fin de estas acusaciones, en palabras del abogado de la acusación, era "desacreditar" el informe realizado por estos peritos, que "copian declaraciones de Antonio Ávila, exconsejero de Economía de la Junta, en la comisión de investigación".

Ante esto, la Sala ha considerado "intrascendente" el asunto en relación al objeto que se juzga en este procedimiento.

Carrillo ahondó entonces en su respuesta explicando que el libro de la comisión de investigación son documentos públicos y publicados por el Parlamento y que además "se citan en el informe pericial". "Cuando son declaraciones de autores, lo citamos, mientras que cuando son documentos públicos, que no están protegidos intelectualmente lo citamos de forma general", precisó.

Por último, Carrillo advirtió al letrado de que, además del plagio, "la calumnia también es delito". "Llevo doce años explicando la Ley de Propiedad Intelectual en las facultades de Derecho y de Ciencias de la Información, y las deliberaciones y textos de organismos públicos como el Parlamento no forman parte del objeto de protección", concluyó.