El Ayuntamiento de Jerez ha remitido un escrito a la Comunidad de Regantes del Guadalcacín para que proceda a la interrupción del suministro de agua a algunas parcelas que en estos últimos años han sido divididas para dar paso a actividades de ocio y recreo, dotándose incluso construcciones prefabricadas. El argumento que se esgrime desde el Consistorio es la necesidad de evitar que se consoliden asentamientos ilegales ajenas al fin original de estos suelos.
El presidente de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín, Jacinto Carrasco, admite la existencia de este tipo de construcciones prefabricadas y no niega que en determinados casos pueda estar violentándose la legislación urbanística, pero entiende que la organización que preside no puede ser utilizada “como escudo” por el Ayuntamiento para de algún modo eludir su propia responsabilidad.
Según Carrasco, la Administración local debe tener “sus mecanismos” para “impedir” la consolidación de estos asentamientos “sin necesidad de utilizar a la comunidad de regantes” para que se convierta así “en la mala de la película”, sobre todo porque este órgano no se considera competente para velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y al interrumpir el suministro podría perjudicar a agricultores y ganaderos que están desarrollando su actividad con absoluta normalidad.
Debe tenerse en cuenta que la comunidad abastece a la superficie total de cada una de las fincas con independencia de que en su interior se hayan podido hacer divisiones posteriores. “Aquí hay agricultores que están haciendo frente al coste de un proyecto de modernización y están pagando un riñón por eso a los que no se puede cortar el agua porque lo diga el Ayuntamiento y porque en la parcela de al lado se haya colocado una casa prefabricada”, explica Jacinto Carrasco.
Además, desde la comunidad de regantes no entienden que se les haga este requerimiento y sin embargo se permita que las parcelas sigan disponiendo de acometida eléctrica, en lo que consideran una deferencia hacia las compañías del ramo.
Jacinto Carrasco deja claro que la comunidad de regantes que preside no va a atender el requerimiento que le ha trasladado el Ayuntamiento a pesar de que se advierte de la posibilidad de que la entidad sufra algún tipo de sanción. “La misión de la comunidad no es impedir los asentamientos y el Ayuntamiento no es nuestro órgano tutelar. Si a nosotros nos dicen desde la Agencia de Medio Ambiente o la delegación de la Junta que hay que cortar el agua se corta, pero nosotros no dependemos del Ayuntamiento”, advierte Carrasco, que en cualquier caso duda que la Administración autonómica tome cartas en un asunto sobre legalidad urbanística que compete al Consistorio.
“Quieren evitarse una foto muy fea”
La comunidad de regantes está especialmente molesta con el Ayuntamiento porque interpreta que lo que busca el Gobierno local es “evitarse una foto muy fea antes de las elecciones” echando por delante a la propia comunidad. “Esto se está viendo desde hace tres o cuatro años y ahora parece que les ha entrado la bulla, pero quieren que nosotros le hagamos el trabajo”, lamenta Jacinto Carrasco, que no tiene conocimiento de que este tipo de construcciones se estén utilizando como viviendas habituales. “Es gente que viene el fin de semana, que tiene su pequeño huerto de ocio y que como mucho puede pasar ahí una noche”, dice.
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