La Consejería de Fomento y Vivienda ha acordado el inicio de un total de 13 expedientes sancionadores contra otras tantas personas propietarias de viviendas protegidas en Andalucía por destinarlas a uso turístico de forma ilegal.
De estas viviendas expedientadas, dos se encuentran localizadas en la provincia de Cádiz, una en Granada, cinco en Málaga y cinco en Sevilla, según ha concretado este domingo la Consejería en una nota.
La actuación de la Administración autonómica ha sido posible gracias a la verificación de los datos de las viviendas recogidos en el Inventario de Viviendas Protegidas de Andalucía con las inscritas en el Registro de Viviendas Turísticas que gestiona la Consejería de Turismo y Deporte.
Las sanciones por esta infracción pueden ser de 3.000 euros y alcanzar hasta los 30.000 euros, pero, al no apreciarse circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad, en atención al daño producido a los intereses generales, la sanción propuesta en estos casos puede rondar los 10.000 euros.
La vivienda protegida tiene que tener como destino su uso como domicilio habitual y permanente, y el incumplir esta norma constituye una infracción grave tipificada en el artículo 19,f) de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo, según recuerda la Junta.
La solicitud de inscripción de la totalidad de la vivienda como uso turístico y la declaración responsable que se exige a la persona titular de la vivienda es presunción de que se está desarrollando la actividad y habilita para ejercer la misma.
Además, teniendo en cuenta que la inscripción es constitutiva, ello resulta prueba suficiente de que la vivienda no se destina a domicilio habitual y permanente, destinándola a un uso no autorizado como ha ocurrido en estos casos por los que se ha abierto expediente, según detalla la Junta.
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