Partamos de la base de que no es justo que la mala gestión y las grandes ruinas que ha generado deban quedar impunes y tengan que ser quienes actuaron con responsabilidad económica quienes paguen los platos rotos de ayuntamientos como el de Jaén. Sin embargo, también debemos defender la equidad, que no es otra cosa que no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. Entonces, si el Gobierno no dudó en rescatar a los bancos en los peores momentos de la crisis y aplicar más tarde lo que la Constitución del 78 recoge en su artículo 2 como principio de solidaridad, ya que finalmente fuimos todos los españoles los que sostuvimos el sistema, viendo que nadie devolverá al Estado la necesaria intervención económica; ahora nos preguntamos cuál es el motivo por el que no se articulan medidas que saquen a los ayuntamientos de la situación económica que atraviesan y que tienen condenados a millones de ciudadanos que viven en sus ciudades. La austeridad a corto plazo puede evitar descalabros severos, pero a largo plazo deja de ser austeridad y se convierte en miseria y despoblación. El Estado, gobierne quien gobierne, debe planear otro municipalismo y adaptarlo a la situación socioeconómica actual.
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