El director general de Memoria Democrática, Francisco Javier Giráldez, ha asegurado hoy que los ayuntamientos son "un agente clave" para que las políticas en esta materia sean efectivas, ya que representan la administración "más cercana al ciudadano".
En el I Plan Andaluz de Memoria Democrática (PAMD), que tiene como objetivo fijar un marco de referencia hacia el futuro, "ocupan un espacio central", ha señalado en Peligros (Granada) donde ha participado en una jornada que ha tratado sobre los retos y el balance de la Memoria Democrática y el papel de lo local.
El director general ha hecho balance en su intervención sobre cómo se han ido desarrollando las políticas autonómicas en esta materia en los últimos veinte años en Andalucía, que han tenido entre sus principales hitos la aprobación de la ley autonómica en 2017.
En este sentido, como resultado de del compromiso del Gobierno andaluz, ha subrayado la importancia del I Plan Andaluz de Memoria Democrática, que sienta las bases de las políticas públicas para los próximos cuatro años (2018-2011) y da cumplimiento al mandato expresado el artículo 43 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
También establece la necesidad de recoger en un marco estratégico las líneas de acción para las políticas de memoria democrática.
El director general ha hecho hincapié asimismo en los ayuntamientos, un agente clave para que las políticas de Memoria sean efectivas, la administración más cercana al ciudadano, y que en el PAMD ocupan un espacio central.
"El trabajo de estos años ha sido intenso, pero queda mucho por hacer, siempre con las víctimas como referente con el fin último de conseguir los demandados principios de verdad, reparación y garantías de no repetición", ha apostillado.
El vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Roberto Carlos García, ha subrayado por su parte que los más de 30 años de democracia y autonomía en Andalucía permiten abordar y recuperar la Memoria Democrática "ya que es la forma más firme de asentar la convivencia".
Ha destacado que se hace "imprescindible" recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía, a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil y a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales.
En la jornada se ha analizado el I Plan Andaluz de Memoria Democrática, un proyecto que marca las líneas de las políticas públicas memorialistas de la Junta de Andalucía con una apuesta por la investigación y el reconocimiento a las víctimas de la represión franquista con una mirada especial "a las mujeres.
Según ha informado la Junta y la FAMP, en los últimos ejercicios presupuestarios las intervenciones en enterramientos ilegales con víctimas del franquismo partían de los 238.000 euros en 2017 y subieron hasta los 413.223,14 euros en 2018.
En 2019 serán 1,1 millones de euros y subirán hasta los 1,4 millones de 2022, mientras que el presupuesto del plan de Memoria suma casi 9,5 millones de euros para un periodo de cuatro años.
Es la primera vez que Andalucía confecciona un programa a largo plazo, al estilo del que puso en marcha el País Vasco, ha recordado la Junta, cuya delegada del Gobierno en Granada, Sandra García, también ha participado en la jornada junto al director de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, Fernando Martínez López.
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