Los tres peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y los seis de parte propuestos por algunas de las defensas de los 22 ex altos cargos acusados por prevaricación y malversación en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla por el procedimiento específico por el que concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos seguirán siendo los protagonistas en las cuatro sesiones fijadas para esta semana.
Precisamente a partir de esta semana las sesiones sufrirán una variación, pues las fijadas para las tardes, que desde el inicio de la vista oral han sido los miércoles, pasarán a celebrarse los martes, a petición de los abogados de los acusados para facilitar a los peritos, que en su mayoría vienen de fuera de Sevilla, la vuelta a sus lugares de residencia y que su participación en la prueba pericial afecte en lo más mínimo al desarrollo de su labor profesional.
Tras consultar con los propios peritos y expresar Ángel Turrión, jefe del equipo de la IGAE, su preferencia por la tarde de los martes frente a la de los lunes, el tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña aceptó la modificación de las sesiones.
La prueba pericial que desarrolla de forma conjunta comenzó el pasado martes con el interrogatorio de los representantes del Ministerio Fiscal. Tras la presentación de los currículums de cada uno de ellos y de sus informes periciales, todos ellos ratificados, el fiscal Manuel Fernández abrió un bloque de preguntas sobre cuestiones generales y relevantes para la causa.
"¿Qué es un crédito presupuestario?" fue la primera pregunta de la Fiscalía Anticorrupción y Turrión el primero en responder. Y pronto comenzaron las matizaciones, correcciones, divergencias de opiniones, cruces de argumentaciones entre los intervinientes.
La clasificación presupuestaria; las modificaciones presupuestarias; la elaboración de los presupuestos en la Junta y los órganos y gestores competentes para ello, especialmente de la Consejería de Hacienda y el director general de Presupuestos; los presupuestos de los entes públicos como el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA); el papel del Parlamento y los diputados en la aprobación de los presupuestos; las transferencias de financiación, en concreto, las del programa presupuestario 31L de la Dirección General de Trabajo a IFA/IDEA para pagar las ayudas investigadas; han sido algunos de los conceptos y temas que se han abordado en un primer bloque de preguntas del interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción.
Además durante las primeras horas de la prueba pericial se generó un intenso debate dialéctico entre los profesores, doctores y catedráticos universitarios que se encuentran entre los peritos sobre la normativa de las transferencias de financiación; la fiscalización de los gastos públicos por la Intervención General de la Junta y el seguimiento de la ejecución del presupuestos; el déficit y desfase presupuestario; la retención de crédito; y el Control Financiero Permanente.
DE HACIENDA A EMPLEO
Ya en la sesión del miércoles por la tarde, el fiscal Juan Enrique Egocheaga cambio la temática del interrogatorio abordando cuestiones en torno a las subvenciones concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo al 31L. Así, la normativa de las ayudas sociolaborales para trabajadores y de las ayudas a empresas en crisis; si lo que se investigan son ayudas o subvenciones; la legislación y normativa que las regula; y el carácter excepcional de las subvenciones concedidas.
El debate, que en algunas ocasiones llegó a generar afirmaciones de "alto voltaje", según la expresión de Juan Antonio Carrillo Donaire, perito propuesto por la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, provocó que, incluso, en algún momento el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, recordara a los intervinientes que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe hacer gestos de aprobación o desaprobación a los comparecientes, después de que el catedrático Juan Zornoza, perito de parte propuesto por la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, desaprobara con la cabeza los argumentos que estaba exponiendo en ese momento Ángel Turrión.
Igualmente, el fiscal pidió a los peritos que se ciñeran en sus respuestas a las preguntas y que fueran más concisos para poder encauzar el hilo argumental del interrogatorio.
La prueba pericial se está desarrollando de forma conjunta con la presencia de los nueve peritos, quienes pueden intervenir en cualquier momento y rebatir los argumentos dados por cualquiera de sus compañeros. Esta situación provocó que el exparlamentario español y catedrático Juan Ramallo Massanet lanzara una pregunta al perito de auxilio judicial de la IGAE Ángel Turrión, lo que provocó que el tribunal interviniera para aclarar que no estaba permitido "interrogarse" entre ellos.
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