Y el problema no radica únicamente en que la Junta pueda o no respaldar la tesis de COAG, que se opone a estas ayudas hasta que el reglamento no se modifique en otros términos más claros para los intereses de los viñistas, sino en la filosofía de fondo de esta polémica, que no es otra que la Junta no está por la labor de conceder dinero para solventar una situación conflictiva puntual, sino que quiere evitar, por un lado, que esto se convierta en una norma y que cada año se le exija que subvencione al sector y que, por el otro lado, este dinero no represente un impulso a sus tesis de que todos los productos complementarios deben surgir del propio Marco y no sólo, como sucede ahora, con un compromiso de que se quiere hacer (como recoge el nuevo reglamento). Aguilera quiere un acuerdo cerrado y firme, algo a lo que se oponen la mayoría de las bodegas, porque tiene sus propias viñas en otras zonas de España y les sale más barato traer de allí el alcohol que recurrir a comprarlo a los viñistas de la provincia. Por eso, como sucedía antes del verano, las posturas siguen igual de enfrentadas, las diferencias se mantiene excesivamente lejanas y sólo con un cambio de actitud por parte de todos, con un mayor compromiso del sector y una mayor flexibilidad de la Consejería, se podrán acercar posturas y hallar esa solución que ahora sigue siendo lejana, pero que, no conviene olvidar, es más que necesaria.
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