Andalucía gastó en 2017 en políticas sociales 2.194,63 euros por habitante, por encima de la media nacional, que se situó en 2.158,50 euros, según el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. En sanidad el gasto por andaluz fue de 1.098,55 euros (por debajo de la media nacional de 1.255,31); en educación de 834,25 (frente a los 818,96 de la media nacional), y en servicios sociales 261,8 euros (268,28 en toda España).
Los siete territorios que conforman el Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos (Fredd) fueron las que más dinero invirtieron en políticas sociales por habitante durante el 2017, sin contar a Navarra y País Vasco, comunidades forales que cuentan con un sistema de financiación diferente. Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y La Rioja, regiones con problemas de despoblación o altos porcentajes de personas mayores entre su población, fueron las que más dinero tuvieron que emplear en políticas sociales y, más concretamente, en sanidad.
Las partidas que destinaron estas comunidades a políticas sociales durante 2017 oscilaron entre el 55,4 % y el 68 % de los presupuestos totales de cada gobierno autonómico. Destaca especialmente el desembolso del Ejecutivo asturiano, que empleó el 68 por ciento de sus presupuestos, una cifra que alcanza los 2.734,24 euros por habitante, para poder ofrecer los servicios al más de un millón de personas que viven en el territorio. Sin embargo, dentro de este grupo fue Extremadura la comunidad que lideró el gasto por habitante, con una cifra de 2.780,11 euros, una cantidad que obligó al Ejecutivo autonómico a invertir más del 65 por ciento de sus presupuestos.
Por el contrario, Madrid, con una población superior a los seis millones y medio, fue la comunidad que menos invirtió en políticas sociales por habitante, con 2.065,84 euros per cápita. Las partidas destinadas a la sanidad por estas siete comunidades permitieron un gasto por cada uno de sus habitantes superior a los 1.318 euros, cifra que ejecutó el Gobierno de Castilla-La Mancha, e inferior a los 1.614 euros que desde el Principado de Asturias dirigieron a la sanidad pública. Y es que, la dispersión geográfica y el elevado porcentaje de población mayor de 65 años son determinantes a la hora de distribuir las partidas de política social.
De hecho, los mayores de esa edad superan el 20 por ciento en seis de las comunidades del Fredd, con la excepción de Castilla-La Mancha, que tiene el menor gasto en sanidad de este grupo y donde la cifra de ancianos es del 18,72 por ciento.
Por encima de este grupo vuelve a situarse País Vasco y Navarra, que se rigen por otro sistema de financiación que les permite mayor flexibilidad en el reparto. El envejecimiento de la población provoca, por el contrario, que algunas de estas comunidades tengan que destinar un menor presupuesto a educación, donde Asturias, que antes lideraba la tabla, cae hasta el puesto más bajo de este grupo con una inversión por ciudadano de 721,29 euros, menos del 18 por ciento del presupuesto de la comunidad. Al lado contrario se sitúa Extremadura que, con un 13,88 por ciento de menores de 14 años, invirtió 943,48 euros en la educación pública y concertada. Fuera de este grupo, el Gobierno de Madrid volvió a ser el que menos dinero destinó a la educación, una cifra que no alcanzaba los 700 euros por habitantes, pese a que equivale al 21,5 por ciento de su presupuesto. El grupo de comunidades con problemas demográficos mantuvo una continuidad en el gasto en servicios sociales, donde Extremadura y Asturias se situaron una vez más en lo alto de la tabla, con inversiones por habitante cercanas a los 400 euros.
Por el contrario, Galicia se desmarcó un poco de esta línea y desembolsó 170 euros menos que Extremadura, una partida presupuestaria que no alcanzó el 6 por ciento. El siguiente cuadro recoge el gasto por habitante de las comunidades autónomas en políticas sociales, sanidad, educación y servicios sociales durante al año 2017.
