Los odontólogos han pedido hoy a la Administración que destine una partida para ayudar a los afectados por el cierre de las clínicas iDental, quienes han reclamado a los Gobiernos y Colegios de dentistas que se hagan cargo de su situación porque se sienten "desamparados y desatendidos".
Estas son algunas de las reclamaciones que han planteado en rueda de prensa el presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM), Antonio Montero, y pacientes de estas clínicas que han denunciado "las barbaridades físicas y psíquicas" que han sufrido y que están dañando "seriamente su salud".
Unos hechos que lleva denunciando el COEM hace dos años, porque, según Montero, "nos encontramos ante uno de los mayores escándalos sanitarios de las últimas décadas en España", de ahí que "urja" la actuación de las administraciones sanitarias y económicas.
Piden que creen una oficina pública de atención para los afectados (la mayoría -ha dicho- personas sin recursos), porque ahora están"peregrinando de un lado a otro solicitando información sobre cómo actuar".
Una oficina que, además de orientarles, se encargue de localizar y custodiar las historias clínicas de los pacientes, porque la mayor parte de ellas las tienen las clínicas.
Y que desde esa oficina se solvente el problema económico, que se suspenda el pago de los préstamos otorgados a los pacientes, muchos de los cuales que tienen que seguir pagando cuotas a la financiera.
Una financiera que, según los pacientes, está ofreciendo a algunos de ellos terminar los tratamientos en otras clínicas dentales.
Pero los pacientes y el Colegio de Odontólogos piensan que "algo cruje" porque "si la financiera ya pagó por ello a iDental, cómo va a dar el dinero a la otra cadena para que se los terminen".
Los odontólogos denuncian que esto sólo ocurre dentro de la UE en España porque "la normativa permite que cualquiera pueda montar una clínica dental sin ser dentista": "cualquier empresario o un fondo de inversión puede montar una cadena de clínicas dentales con el único objetivo de obtener beneficios económicos".
"En este caso, cuando dejaron de obtenerlos, echaron el cierre, intentaron venderlo a otro fondo de inversión, pero éste no picó porque vio que tenía un agujero muy grande", explica Montero, quien asegura que este Colegio ha denunciado los hechos por vía judicial hace un año y medio.
Los ha denunciado porque las clínicas, bajo el falso lema de "dentistas con corazón", se aprovechaban de la situación económica de un sector de la población. Lo captaba con publicidad engañosa, ofertas espectaculares, falsas ayudas que hacían pensar que se trataba de una especie de ONG o fondo social, que les proporcionaba subvenciones para pagar los tratamientos.
"Era irreal -declara a Efe Montero-. Lo que hacían era inflar los presupuestos y luego hacer un gran descuento que decían que era una subvención y les obligaban a firmar y a hacer el tratamiento ya".
Por eso, pide una legislación más restrictiva que elimine la publicidad sanitaria y que se cumpla la ley de sociedades profesionales porque la propiedad de la clínica tiene que estar en manos de dentistas colegiados, no de empresarios.
Pero lo realmente peligroso de esto, según denuncian pacientes como Lucía, son las prácticas que se realizaban: extracción de piezas sanas, falta de condiciones higiénico-sanitarias y conductas que podrían considerarse como lesiones.
"Se me partían las prótesis que me pusieron, las encías las tuve un año y medio inflamadas, no podía comer por una parte de la boca, masticaba y me daban calambres y sigo teniendo dolores", relata Lucía entre sollozos.
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