Provincia de Granada

Intervienen en Granada casi 11.000 embutidos podridos y caducados

La Guardia Civil ha intervenido en un polígono industrial de Fuente Vaqueros (Granada) 10.700 piezas de jamones y embutidos de cerdo ibérico envasados

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La Guardia Civil ha intervenido en un polígono industrial de Fuente Vaqueros (Granada) 10.700 piezas de jamones y embutidos de cerdo ibérico envasados y congelados en mal estado de conservación, muchas de las cuales presentaban signos de putrefacción y otras llevaban caducadas desde 2015.

La operación se llevó a cabo el pasado 26 de junio, cuando una patrulla de la Guardia Civil interceptó cerca del polígono La Fuente un camión frigorífico cargado con 25 palés de jamones ibéricos y embutidos de cerdo ibérico congelados que presentaban anomalías en el etiquetado y, algunas de las piezas, también síntomas de putrefacción, ha informado hoy el instituto armado en un comunicado.

El camión interceptado se dirigía a una nave industrial cercana a la que los agentes se desplazaron para inspeccionarla.

Una vez allí encontraron dos grandes cámaras frigoríficas que almacenaban 10.700 piezas entre jamones y embutidos de cerdo ibérico congelados que presentaban las mismas anomalías que las piezas intervenidas en el camión.

Muchas estaban caducadas desde el año 2015, otras ni siquiera tenían fecha de caducidad, algunas estaban visiblemente podridas, no había albaranes que acreditaran la procedencia ni el destino del producto y algunas de las etiquetas inspeccionadas presentaban indicios de haber sido manipuladas, según la Guardia Civil.

La Guardia Civil inmovilizó la mercancía al considerar que podría suponer un riesgo para la salud pública y alertó a la Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía.

La inspección del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada ratificó posteriormente las medidas cautelares tomadas por la Guardia Civil respecto de los jamones y embutidos intervenidos, y ordenó su destrucción por suponer un riesgo para la salud pública.

La Guardia Civil continúa las investigaciones para determinar si los propietarios de los jamones y de los embutidos intervenidos han podido incurrir en un delito contra la salud pública.

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